Con 71 votos a favor, 73 en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó ayer la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.
El líbelo, impulsado por parlamentarios del Frente Amplio y suscrita por parte de la oposición, buscaba determinar la responsabilidad del otrora secretario de Estado en el presunto ocultamiento de datos de los contagios y muertes por covid-19 en el país.
Durante la apertura de los argumentos de la defensa, el mismo ex jefe del Ministerio de Salud (Minsal) expuso ante la Sala de los diputados, reconociendo errores y ofreciendo disculpas a los alcaldes con quien mantuvo enfrentamientos mientras ocupó el cargo, mencionando a Germán Codina (RN), Rodolfo Carter (UDI) y Cathy Barriga (UDI).
Ya tras el rechazo de la acusación, aseguró que "ningún país lo ha hecho bien, todos hemos tenido que aprender unos de otros, aprendiendo de los errores de otros, reconociendo que uno pudo haberse equivocado, pero durante todo este tiempo el equipo de salud del Gobierno ha trabajado como un solo cuerpo".
De todos modos, aún se mantiene abierta la arista judicial por las muertes en pandemia. A la fecha, hay dos querellas que alcanzan al ex titular del Minsal. Una de ellas fue presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, -a la que se sumaron luego la concejala de Conchalí, Grace Arcos, y su par de Santiago, Iraci Hassler-; y otra por el senador Alejandro Navarro.
Por esta última, que apunta directamente a las supuestas deficiencias detectadas en la forma de contabilizar al número de personas fallecidas, es que se esperan prontas definiciones.
Entrega de correos
Una de ellas la tiene que emitir la Segunda Sala de la Corte Suprema, instancia a la que el Ministerio Público recurrió luego que el actual jefe de Salud, Enrique Paris, se negara a entregar la información contenida en los correos electrónicos de Mañalich, su ex jefa de gabinete Iziar Linazasoro, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Fue el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, el que ingresó la petición de resolución de controversia ante el máximo tribunal, argumentando que el secretario de Estado se "opuso" de manera infundada a la orden entregada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Aseguró que su oposición a la diligencia no debe fundarse "en intereses particulares o en que no se investiguen miembros del Gobierno".
El aludido ministro, en tanto, envió una carta al regional indicando que la entrega de información reservada podría afectar la seguridad nacional, lo cual ratificó ante la Suprema, centrándose en el resguardo de datos sobre compra de insumos. Aseguró que la solicitud del Ministerio Público "resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo", y que el ente persecutor "derechamente ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo".
Ya la semana pasada, la defensa del Presidente Sebastián Piñera, del exministro de Salud Mañalich, y de los subsecretarios de la cartera Paula Daza y Arturo Zúñiga se hicieron parte del caso y entregaron su respaldo a Paris, pidiendo a la Suprema no entregar la información, asegurando el retiro de esta resulta "inusual, infundada y precipitada" y que la autorización del tribunal de Garantía que la permitió "adolecía de serios defectos y carecía de todo fundamento legal".
Se espera que la Corte Suprema resuelva la situación durante esta semana.
Declaración y eventual formalización
En el marco de la misma causa, el abogado que representa a Mañalich, Gabriel Zaliasnik, solicitó al Ministerio Público tomar el testimonio al médico,
"Don Jaime Mañalich no ha sido citado a prestar declaración, ni tampoco se le ha requerido entrega de información alguna pertinente para el esclarecimientos de los hechos investigados, determinar su participación, o acreditar su inocencia", se lee en el escrito ingresado al máximo tribunal, el cual tenía como fin informar de la petición.
La realización de la diligencia dependerá de lo dispuesto por el ente persecutor, el cual trabaja en este caso con funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).
Así también, la fiscalía deberá determinar a futuro, con el análisis de los antecedentes recopilados, si algunos de los querellados debe ser formalizado.
