Amnistía Internacional (AI) dio a conocer hoy los resultados del informe "Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social", en el cual concluyó la "violación generalizada" de derechos humanos y la responsabilidad del Alto Mando de Carabineros por lo ocurrido entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.
De acuerdo a la organización, el general director Mario Rozas, el subdirector Diego Olate y el jefe de Orden y Seguridad Ricardo Yáñez tienen responsabilidad penal por lo ocurrido, llamando a la Fiscalía Nacional iniciar una investigación contra los uniformados.
"La violación del derecho a la integridad personal por parte de funcionarios de Carabineros fue generalizada -es decir, no fueron hechos aislados- y, al ser la institución a cargo del control del orden público, se requiere un abordaje profundo y estructural para evitar que hechos como los analizados vuelvan a ocurrir", se lee en el documento de 110 páginas.
En esa línea, acusaron que "tanto los mandos operativos como los mandos estratégicos de Carabineros de Chile habrían tenido conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando día con día, y el tipo de lesiones que estaban provocando a través de canales externos".
"En lugar de dar instrucciones precisas que se adaptaran a la realidad con la intención de reducir los daños a la integridad de las personas, el general director y el director de Dioscar -Dirección de Orden y Seguridad- por un lado mantuvieron órdenes vagas y repetitivas y por el otro lado no garantizaron que éstas se trasladaran a los mandos operativos con instrucciones precisas sobre aspectos operativos clave para proteger la integridad de las personas", agregaron.
"Tanto los mandos operativos como los mandos estratégicos de Carabineros de Chile habrían tenido conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando día con día, y el tipo de lesiones que estaban provocando a través de canales externos".
Informe de Amnistía Internacional
En tanto, y durante la presentación del informe, la representante de AI, Erika Guevara, agregó: "Los altos mandos de Carabineros, incluidos el general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad deben ser investigados penalmente por la fiscalía, debido a que tenemos contundentes elementos para considerar que, a pesar del tener conocimiento de las graves violaciones a los DD.HH. que se estaban cometiendo bajo sus órdenes (...), habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas".
La organización acusó además que los funcionarios de Carabineros no solo hicieron "uso excesivo de la fuerza, sino que habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a las personas manifestantes, con la intención de causar sufrimiento o sabiendo que podían causarlo".
"Este daño generalizado, que en muchos casos ocasionó graves secuelas físicas y psicológicas en las personas sobrevivientes, habría sido la consecuencia de una práctica premeditada de uso de la fuerza con el fin de castigar a las personas manifestantes y dispersarlas a toda costa", agregaron.
Criticaron además el uso de munición y que la institución demorara más un mes en limitar su empleo, pese a que ya se habían causado múltiples lesiones oculares. Así también, se rechazó la falta de sanciones institucionales al personal denunciado.
Responsabilidad del Presidente
Amnistía manifestó además que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no ejerció un control adecuado sobre Carabineros, especialmente considerando la magnitud de la información pública sobre posibles violaciones de derechos humanos.
"El Ministerio del Interior solicitó información muy limitada y de forma tardía a los Carabineros, la que fue entregada de forma parcial y demorada. Además mantuvo un discurso de apoyo incondicional de Carabineros que lamentablemente seguimos escuchando hasta el día de hoy".
Erika Guevara
"AI considera que la política de los mandos estratégicos de Carabineros llevaron a cabo no podría haberse dado si la administración del Presidente hubiese ejercido un control adecuado", indicó Guevara.
Y agregó: "El Ministerio del Interior solicitó información muy limitada y de forma tardía a los Carabineros, la que fue entregada de forma parcial y demorada. Además mantuvo un discurso de apoyo incondicional de Carabineros que lamentablemente seguimos escuchando hasta el día de hoy".
El informe se basó en lo recopilado durante dos misiones en terreno y un análisis exhaustivo de expedientes judiciales, información oficial, testimonios de víctimas, informes forenses, entrevistas con autoridades y expertos.
Recomendaciones
Ante lo concluido, Amnistía recomendó aplicar las responsabilidades políticas, administrativas y penales de todas aquellas personas "que en su posición de garantes conocían o debieron conocer, si hubieran obrado con diligencia, la magnitud de las violaciones de derechos humanos, y que tenían la capacidad de evitarlas, y no obstante, no lo hicieron".
De igual manera, abogaron por una reforma estructural a la institución de Carabineros: "Este informe evidencia la necesidad de un mayor control de la institución por parte del poder civil, así como cambios urgentes que aseguren el apego irrestricto al derecho internacional de los derechos humanos".
Manifestaron que las autoridades deben reconocer de manera pública "la gravedad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional que fueron cometidos durante la crisis, y adoptar todas las medidas necesarias para reparar a las víctimas y evitar que hechos como los analizados en este informe se repitan". También que fiscalía y Carabineros investigue lo ocurrido.
Cerraron indicando que como organización consideran que "el proceso para elaborar una nueva Constitución acordado en noviembre de 2019 es una oportunidad histórica para abordar las demandas en temas claves de derechos sociales, que fueron la causa de las protestas".
