El Senado aprobó este miércoles el veto presidencial al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que busca acelerar la puesta en marcha de la nueva institución que reemplaza al Servicio Nacional de Menores (Sename).
El objetivo del Ejecutivo al vetar algunos artículos de la norma, después de analizar las modificaciones introducidas durante su tramitación legislativa, era implementar con urgencia el nuevo Servicio, ya que dejó supeditada la vigencia de éste a la publicación de la ley de sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, lo que a juicio del Gobierno retrasaba su implementación.
Ahora, el proyecto deberá volver a ser revisado por la Cámara de Diputados para que remita al Ejecutivo las observaciones observadas.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, agradeció la aprobación en el Senado a las observaciones y señaló que "el Sename, tal como lo conocemos, dejará de existir. Terminar con el Sename es una deuda histórica que tiene nuestro país con la niñez y adolescencia, especialmente a partir de la crisis que ha sufrido la institucionalidad de protección durante los últimos años. Diversos diagnósticos han dado cuenta de una crisis profunda, de la que como Estado nos tenemos que hacer cargo cuanto antes".
"Desde el primer día el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha trabajado incansablemente por crear una nueva institucionalidad en materia de niñez, una institucionalidad robusta que se haga cargo de las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Como gobierno, queremos trabajar con fuerza en avanzar en todas las acciones que nos permitan zanjar las deudas históricas que tenemos como Estado de Chile, de manera de adaptar nuestra normativa interna a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada ya hace 30 años por el Estado", agregó Rubilar.
Dentro de los principales cambios que incorpora este nuevo Servicio están una mayor supervisión y mejor fiscalización, mayores exigencias al personal público y privado, presupuesto adicional (40% más respecto de Sename en su área de protección), enfoque familiar, mejoras respecto de la oferta programática, descentralización y mejor coordinación.
La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, también valoró el resultado de la votación y afirmó que este "nuevo comienzo nos va a permitir rescatar lo más valioso que tenemos como sociedad: los niños, niñas y adolescentes que más han sufrido y que no queremos que sigan sufriendo. Ahora, podremos dar los primeros pasos para concretar una institucionalidad más completa, parte de un proceso de corto, mediano y largo plazo que no solo incluye a este servicio, sino también el sistema preventivo".
Ahora el proyecto deberá ir a revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado. Después de esto existe un plazo máximo de un año para instalar, hacer los reglamentos, las calificaciones de quienes se contraten y comenzar a operar.
