Fue en la madrugada del viernes 15 de noviembre cuando después de intensas horas de dialogo y negociaciones, los líderes de diez partidos políticos firmaron el "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución", un texto de 12 puntos que permitió iniciar un proceso inédito en la historia de Chile para cambiar la Carta Fundamental.
En dicho documento, la UDI, RN, Evópoli, DC, PS, PR, PPD, RD, Comunes y el Partido Liberal, junto al diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, se comprometieron a aprobar en el Congreso Nacional una reforma al Capítulo XV de la actual Constitución, que establecía claramente un itinerario democrático para escribir una nueva.
Su origen se dio luego de la crisis que se inició el 18-O, con una serie de protestas en las que la ciudadanía exigía justicia social, dignidad y la creación de un nuevo contrato entre el Estado y el pueblo. El hecho dejó una serie de víctimas de violaciones a los DD.HH., ataques a la propiedad pública y privada, saqueos y otros desordenes.
Días antes de la suscripción del pacto, esos hechos llevaron al Presidente Sebastián Piñera a un punto de inflexión: Estaba entre declarar un nuevo estado de excepción para endurecer la respuesta ante las movilizaciones o llamar a las fuerzas políticas a crear una ruta que permitiera una salida institucional, optando por esta última opción.
En su primer párrafo, la declaración de las colectividades da cuenta de ello, señalando que "atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado del Presidente, los partidos firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático".
Luego, indicaron su compromiso "con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los DD.HH. y la institucionalidad democrática vigente" y convocaron a un Plebiscito que resolvería dos preguntas: "¿Quiere usted una nueva Constitución? y ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?".
"El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio".
Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución
En los puntos siguientes, el texto detalló los dos mecanismos: Una Convención Mixta Constitucional, que sería integrada en partes ¡guales por miembros electos para el efecto, y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, y la Convención Constitucional, con integrantes electos íntegramente para este efecto.
Tras el Plebiscito de octubre pasado, la ciudadanía escogió esta última alternativa, la cual según el acuerdo original "tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada".
"Adicionalmente no podrá alterar los quorum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos", añadieron, junto con subrayar que la elección de los convencionales se realizará "bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente".
Otro aspecto clave fue el punto seis, el cual fue fundamental para cerrar el acuerdo, ya que definió la necesidad de que todas las decisiones se tomen por amplia mayoría. "El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio", indicaron.
Propuestas de cambio
Justamente estos dos últimos puntos han sido los que han sido más cuestionados, tanto desde la derecha como de la izquierda. Mientras unos han visto con reticencia la posibilidad de que se modifique el número de integrantes de la convención, los segundos aspiran a que sea el propio órgano el que defina su reglamento de votación.
Ese fue el caso del PC, luego de que la diputada Camila Vallejo ingresara ayer un proyecto de ley que busca precisamente que sean los convencionales los que decidan por mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los votos, los quórums de votación, lo cual vulneraría abiertamente el acuerdo suscrito el 15 de noviembre.
Es decir, para realizar cualquier cambio, como plantean desde el PC, se debe contar con una alta mayoría, ya que se trata de una ley de quórum calificado, es decir, con 2/3. En el caso de los escaños reservados, podría ser de tres quintos, si es que se tramita como una ley transitoria como está ocurriendo hoy.
Con todo, la posibilidad de hacer cambios al acuerdo provocó polémica. Por ejemplo, tras conocer la idea de Vallejo, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dijo que “a mí me parece legítimo, los parlamentarios tenemos la iniciativa manteniéndonos dentro de los marcos constitucionales, de presentar iniciativa de ley".
La misma postura expresó la diputada de Comunes, Camila Rojas, quien sostuvo que "lo que hizo el acuerdo fue iniciar un proceso, pero no lo cerró. Permitió la institucionalización del cambio constitucional, pero no creo que esté escrito en piedra. Este proyecto abre el debate y por lo tanto creo que es digno de ser discutido".
Desde Chile Vamos, en tanto, las bancadas de RN, UDI y Evópoli, criticaron la iniciativa, señalando que "el PC nuevamente demuestra que no cree en la democracia, cuando las cosas se votan en democracia hay que respetarlas (…) Tienen que entender que esto no funciona de acuerdo a lo que ellos quieran".
"No pueden ser tan patudos de llegar y decir que acá se tiene que eliminar un acuerdo al que llegaron todos los partidos políticos y que después en el Congreso por amplia mayoría se ganó. Ellos no participaron, se restaron y no puede ser que porque no les gusta ellos lo tratan de cambiar después", dijo la diputada Karin Luck (RN).
