El canciller Andrés Allamand y el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, salieron este lunes al paso a las críticas al acuerdo de acompañamiento técnico para el proceso constitucional, firmado días atrás por el Ejecutivo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La iniciativa fue suscrita el pasado viernes durante una visita a Francia por el propio canciller, tras lo cual han surgido algunos cuestionamientos desde la oposición, sector donde criticaron que esto afecte la autonomía de la Convención, es decir, que es dicho organismo y no La Moneda, la cual debería ocuparse de este tipo de temas.
Consultado al respecto, Allamand señaló esta mañana a Tele13 Radio que "la propia reforma de la Constitución que dio lugar al proceso constituyente señala que una de las obligaciones que tiene el Gobierno es poner a disposición de los constituyentes y en general del proceso, la asesoría técnica del mayor nivel que pueda obtenerse. Eso está establecido precisamente en la propia reforma".
En ese sentido, el canciller recalcó que "francamente, yo no logro entender cuál es la crítica, si en definitiva lo que vamos a hacer es poner a disposición, insisto, de los convencionales y en general de las fuerzas políticas, de las fuerzas ciudadanas que participan en este proceso, la visión que se tiene desde una de las organizaciones de mayor prestigio desde el punto de vista de las distintas políticas públicas".
Con ello, agregó que "la OCDE tiene en su interior a las democracias más sólidas del mundo que precisamente albergan diversos regímenes políticos, que se pueden tener de referencia. Lo mismo puedo señalar con todo lo que tiene que ver con derechos sociales. Las constituciones europeas son las que consagran de mejor manera los derechos de las personas y particularmente los derechos sociales".
“De manera que tener a la vista el régimen político, las normas constitucionales de las democracias más solventes, a mí me parece que ayuda al proceso, a la deliberación y a la reflexión. Es un insumo que se pone a disposición de los convencionales y de la propia convención en su conjunto. Creo que debiera ser recibida con buenos ojos y no de manera negativa”.
En la misma línea, el ministro Bellolio argumentó en Radio Cooperativa que "parte de las obligaciones que tiene el Gobierno como política de Estado es el acompañamiento de ese proceso, particularmente en el ámbito técnico, por tanto, a mí me resulta sorpresivo que haya quienes critiquen que la OCDE, dada la experiencia que tiene en documentación, en información, en los análisis comparativos de las mismas constituciones, que alguien critique que pueda haber mejor y más información".
"Es parte de la obligación que tiene el Gobierno de Chile, no solamente de financiar, sino que también por ejemplo prestar el lugar donde se va a hacer y prestar asesoría técnica, entonces este convenio tiene que ver con eso, con que haya mejor y más información para que sea la Convención la que tome la decisión del reglamento, de cómo van a funcionar y cómo va a ser esa nueva Constitución", enfatizó el portavoz de La Moneda.
Según el titular de la Segegob, "no hay ningún caso, ni un atisbo, de querer influir en términos de uno u otro contenido, eso le va a tocar a los convencionales constituyentes que van a ser electos por los ciudadanos. Por supuesto el Gobierno tiene la obligación de prepararse para lo mejor en este caso".
