Casi $9 millones deberá pagar el Banco de Chile a un cliente, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago considerara que infringió la Ley del Consumidor en un caso de fraude informático.
La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció responsabilidad de la entidad por no cuidar los intereses del afectado, condenándola a pagar una multa de 20 UTM -equivalente a casi $1.020.000- y una indemnización de $ 7.700.000.
"El banco no ha cumplido con su deber de cuidar los intereses de su cliente, puesto que le es exigible tomar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de operaciones".
Sexta Sala de la Corte de Santiago
"El proveedor no puede asilarse para desligar su responsabilidad en que fue el titular de la cuenta quien cursó los giros, el proveedor mantiene su obligación de actuar con la debida diligencia y cuidado, de manera seria y responsable, tomando todas las medidas para evitar que sus clientes-consumidores sean víctimas de delincuentes que logren materializar sucesivas transacciones en un reducido lapso de tiempo, sin que se verifique la legitimidad de las mismas y más aún se niegue a proporcionar datos que permitan perseguir a los defraudadores", se lee en el fallo.
Así también, que "el banco no ha cumplido con su deber de cuidar los intereses de su cliente, puesto que le es exigible tomar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de operaciones".
Esto último, ya que es dicha entidad la que "tiene los medios y recursos para velar por los intereses de quienes confiaron en su sistema operativo y que, en el evento de producirse una operación como la que nos ocupa, asuma la responsabilidad que le cabe como proveedor del servicio y sea coadyuvante con el cliente en la investigación".
El fraude ocurrió luego de que el cliente entrara a una página que simulaba ser del Banco de Chile, donde ingresó sus datos personales, lo que permitió que delincuentes le sustrajeran de su cuenta $7.700.000 en tres giros durante los días 21 y 24 de julio de 2017, quedando registrados los RUT y cuentas destino.
La decisión fue adoptada por las ministras María Rosa Kittsteiner, Gloria Solís y el abogado integrante Rodrigo Asenjo.
