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Ejército y caso FAM: Sumarios iniciados están "en etapa final" y no se descartan medidas ante eventuales condenas

La institución detalló que a la fecha hay personal activo en calidad de imputado, pero que aquello "no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución judicial".

23 de Diciembre de 2020 | 19:06 | Redactado por T. Cerna, Emol.
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El Mercurio.
El Ejército se refirió en un comunicado a la investigación judicial que lleva adelante el Ministerio Público por un supuesto fraude al Fisco en la institución, generado tras el uso de casi $3 mil millones para el pago de deudas privadas a funcionarios en retiro. Por este, detallaron, hay dos sumarios en "etapa final".

De acuerdo a los antecedentes de los investigadores, los dineros fiscales habrían sido usados para el pago a los acreedores del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), creado en los años 50, y cual cerró en 2006. Por el caso, adelantó hace unos días El Mercurio, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, alista la formalización de 800 funcionarios en retiro y en ejercicio.

Ante ello, la institución castrense aseguró que la indagatoria comenzó con una denuncia realizada por esta y que se ha colaborado con el ente persecutor.

Detallaron que el fondo corresponde a una iniciativa de carácter privada para generar ayudas solidarias entre el personal que funcionó ininterrumpidamente hasta que se declarara su insolvencia, "por lo que el mando en jefe de la época determinó el 2008 efectuar una serie de medidas administrativas tendientes a apoyar a los suboficiales afectados, las que duraron hasta 2016".

"La investigación judicial de la causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2017 por el Ejército de Chile ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la República que da cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016, por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División de Ejército", detallaron.

"La investigación judicial de la causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2017 por el Ejército de Chile ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la República que da cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016, por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División de Ejército"

Ejército.
Y agregaron: "De forma paralela, y respondiendo al firme compromiso del Ejército con la probidad y transparencia, la institución instruyó dos investigaciones sumarias administrativas, las que actualmente se encuentran en su etapa final y tienen por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan".

Aseguraron haber entregado todos los antecedentes necesarios y prestado colaboración con las diligencias llevadas a cabo por la fiscalía, y que "le corresponderá a las distintas autoridades durante ese periodo que tuvieron injerencia en la implementación de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador".

Cerraron indicando que a la fecha hay oficiales y suboficiales activos en calidad de imputados, pero que "ello no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan".

"Ante una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso", concluyeron.
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