Durante la jornada de este miércoles hubo una fuerte discusión en la Convención Constitucional sobre dos visiones del modelo económico: uno basada en los principios de la "economía social de mercado" y otra en el "buen vivir". El debate se dio en el marco de la aprobación de normas de la Comisión de Medioambiente, que este miércoles rechazó una iniciativa de Vamos por Chile que establecía que "la República de Chile reconoce y garantiza la libertad económica y la libre competencia".
La propuesta consagraba que Chile basa su economía en "los principios de la economía social de mercado, garantizando la propiedad privada, la libertad económica, el rol subsidiario del Estado, la libre competencia y la libertad individual para desarrollar cualquier actividad económica que no esté prohibida por las leyes".
Ninguno de sus incisos logró suficiente respaldo para ser aprobados:
además de los votos de la centroderecha, solo algunas partes sumaron el apoyo de los convencionales de Independientes No Neutrales y una del Colectivo Socialista.
"Estas son normas propias del orden público económico y lamentablemente fueron rechazadas, lo que creo que es una muy mala señal, que esperamos que se revierta en el pleno. No tener normas sobre libertad económica, libre competencia, libertad empresarial del Estado, y rechazar el concepto de una economía social de mercado, nos parece profundamente equivocado", criticó Rodrigo Álvarez (UDI).
"Se acaba de rechazar: ‘La economía de Chile tendrá su base en los principios de la Economía Social de Mercado’, además se vota en contra ‘libertad económica y libre competencia’. Decepcionado", tuiteó Bernardo Fontaine (Ind. RN).
El coordinador de la comisión, Juan José Martin (INN), desdramatizó la discusión y aseguró que "esta norma en específico, la manera en que está redactada, la mayoría de la comisión consideró que no le gustaba, y por lo tanto fue rechazada, pero no significa que para nada este tipo de materias queden fuera".
Según explicó Martin, "van a seguir ingresando más normas que van a tratar las mismas materias y además hay otra comisión que lo está viendo respecto de los derechos humanos económicos", que es la Comisión de Derechos Fundamentales.
Las propuestas aprobadas
En cambio, la comisión sí aprobó en general una propuesta que plantea que "el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria que comprende los sistemas de producción fundados en los principios del buen vivir".
Y que el Estado garantizará las condiciones para emprender actividades económicas y empresariales "con el límite de las condiciones previstas en esta Constitución y las leyes, debiendo éstas ser establecidas en conformidad a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, la seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública".
"Lo que estamos haciendo es establecer una función del Estado en torno a la actividad empresarial que ponga limitaciones en un contexto que se requieren límites. Nosotros fuimos el proyecto país en torno al neoliberalismo (...) y eso nos llevó a una crisis", afirmó Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), una de las autoras de la propuesta.
"Con esta nueva Constitución podemos abrir esta posibilidad de cambiar esta dura realidad y generar condiciones de mucha igualdad, mucha más participación activa, promover también la actividad empresarial desde los pequeños (empresarios), que son los que le dan el dinamismo real", complementó.
En ese marco, aquella propuesta está acompañada de otra que crea una "Defensoría de las Mipymes", cuyo objetivo es "velar y defender los intereses de las empresas de menor tamaño en los ámbitos, legales, financieros, económicos, tecnológicos, laborales y tributarios".
Además, establece que el Estado tendrá que fomentar el
"cooperativismo" con el fin de agrupar empresas de menor tamaño "con objetivos ligados al buen vivir, la agregación de oferta, a la generación de valor agregado en la producción, la integración productiva, circuitos cortos de producción y el uso de tecnologías limpias, entre otras formas que promuevan el buen vivir y la solidaridad".
La discusión
El desenlace de la votación fue reprobado severamente por los convencionales de Vamos por Chile y aseguraron que van a insistir en otras instancias.
Sobre las normas aprobadas en esta jornada, Álvarez cuestionó que "muchas de ellas tienen una visión bastante limitada. Ven algún aspecto de la actividad económica o la circunscriben solo a la economía familiar o de las pymes. En la Constitución debe haber principios. Un principio clave para el desarrollo económico es la libre competencia, la libertad de emprender, esos son los principios que deben estar resguardados en la Constitución y hasta ahora han sido rechazados".
"La norma que se rechaza, de economía social de mercado, se rechaza porque definitivamente plantea un estado subsidiario. Plantea el subsidio de la salud, educación, que nos llevaron al proceso constitucional. Consideramos que tenemos que instalar un modelo más de cooperación, colaboración, y no necesariamente dejarle al mercado estas formas de convivencia y de colaboración", respondió Carolina Vilches (MSC), una de las impulsoras de la norma que se visó.
Vilches aseguró que el sistema que están impulsando desde la comisión es uno que implique "un modelo económico de baja huella de carbono, de baja huella hídrica, un modelo económico responsable no solo con el desarrollo de la inversión, sino que también respete los límites ambientales, que permita ir generando una justicia redistributiva de la rentabilidad".
En tanto, Juan José Martin afirmó que cree que "muchos de nosotros queremos un sistema económico que no sea de carácter neoliberal, pero que "es importante señalar que es una transición, no se hace de un día para otro y eso es algo bastante extendido. De repente no hay que tomar todas las normas de manera tan literal, porque son normas que ponen temas sobre la mesa y ahora viene el proceso deliberativo de cuáles son las palabras finales que van en la norma".
La votación en particular de estas normas recién ocurrirá en febrero. Antes de eso, los constituyentes pueden ingresarles indicaciones, que serán debatidas y votadas. Ahí, de ser aprobadas las propuestas, pasarán al pleno de la Convención. Allí se requerirán 2/3 de los convencionales para formar parte del proyecto de nueva Constitución.
