En un pie incómodo deja al Gobierno la trama que protagoniza el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego que se haya confirmado que la Fiscalía solicitó su formalización por el delito de omisión o responsabilidad de mando en apremios ilegítimos perpetrados durante el estallido social.
La resolución del Ministerio Público, que ingresó este miércoles al Poder judicial, deja al Ejecutivo bajo la presión respecto a si mantener o no al titular de la institución en medio de la crisis de seguridad, agudizada por los hechos delictivos que marcaron el cierre del 2023.
De hecho, la salida comunicacional del Gobierno sobre la materia, dejó entrever diferencias. Mientras la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, indicó que "hay una solicitud de formalización y esperamos la audiencia para tomar una decisión como Gobierno", el ministro (s) de Interior, Manuel Monsalve, dio un pie atrás sobre estos dichos.
"Estamos hablando de una eventual formalización. Es verdad que esta eventual formalización ha sido materia de distintos medios de comunicación que, al parecer, han accedido a información que les permite pensar que esta formalización se ha solicitado. Esa solicitud por ahora no está formalizada en ningún medio formal, ni del Ministerio Público, ni del Poder Judicial, entonces permítanme hablar todavía de una eventual formalización", sostuvo.
Por lo demás, la autoridad advirtió que "hay dos hechos adicionales" que "el Gobierno también tiene que ponderar" antes de llegar a cualquier conclusión.
"Una es que el general director de Carabineros ha hecho una solicitud de inhabilitar al Fiscal Regional, Xavier Armendáriz, y eso es un hecho que también hay que esperar a que se resuelva. Ese hecho tiene que resolverlo el Fiscal Nacional", recalcó, y recordó que "también la defensa del general Yáñez ha solicitado una audiencia de sobreseimiento que está fijada para el 19 de enero".
"Hay varios procesos en materia judicial que están llevando su curso, que hay que esperar que se resuelvan para poder tomar decisiones", concluyó.
Cabe destacar que a fines de noviembre, el abogado de Yáñez, Jorge Martínez, pidió al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la inhabilidad de los fiscales Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Centro Norte, y de Ximena Chong, quien lidera las pesquisas por apremios ilegítimos en el estallido social. Esto porque a juicio del uniformado, a los persecutores los movilizaba el odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución.
Lo anterior fue descartado por la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. "La Fiscalía no podría tener ningún tipo de resentimiento, y, en todo caso, la inhabilidad prevista en la ley orgánica está pensada para situaciones tanto de amistad íntima como de resentimiento en relación con personas naturales" dijo Chong en entrevista con CNN.
Con todo, este miércoles Valencia ejecutó una acción que fue interpretada por algunos como un posible espaldarazo a Yáñez. La primera resolución del 2024 la destinó a establecer la subrogación del Fiscal Nacional, donde publicó una lista en la que el principal ausente resultó ser Armendáriz, quien hace casi un año había ocupado la primera opción de suplencia.
El dilema del Gobierno
Respaldar o no a Yáñez es un asunto que complica al Ejecutivo en medio de una crisis de seguridad que lo ha llevado a reafirmar sistemáticamente su apoyo a Carabineros. En la retina de la oposición está la condena que el Presidente Gabriel Boric, como diputado en la época del estallido social, dirigió a los efectivos, del mismo modo que lo hicieron otros personeros de Gobierno.
Para dar cuenta de su compromiso con la institución, el Ejecutivo, entre varias medidas, ha decidido a renovar la flota de vehicular de la institución. Agradeciendo la entrega de 187 nuevos automóviles, el pasado viernes Yáñez aseveró que la medida no solamente viene a "mejorar nuestra capacidad operativa", sino que "esto es dignidad".
Con estas consideraciones, voces del Ejecutivo indican bajo reserva que este no es el momento adecuado para determinar la salida de Yáñez, y que de ser así, el hecho podría suponer la desvinculación de otros "imputados" dentro del Gobierno.
De todas formas, aseguran que la audiencia de formalización puede demorar meses y que de cualquier modo, Yáñez se retirará del cargo este año.
"Yo estoy preocupado particularmente de los problemas que afectan todo el país, que es la seguridad. Hoy día estoy enfocado más que nunca en eso", sostuvo el general director este miércoles. "Estoy haciendo uso solamente de las garantías y de los derechos que tengo como cualquier ciudadano y mi equipo de abogados está trabajando en ello", añadió.
Voz de analistas
Aquilatando el escenario, el académico de la Universidad Central, Marco Moreno, consideró que "el Gobierno, en tanto poder Ejecutivo, no tiene mucho espacio".
"Debe acatar la resolución de otro poder del Estado como es el Poder Judicial. No hay atajos si se quiere que las instituciones funcionen. Deberá explicar a la ciudadanía la situación a través de una comunicación gubernamental que busque generar apoyo y legitimidad en relación a la resolución que establezca la justicia", sostuvo.
Y añadió: "Más allá del clima en relación con el tema de inseguridad, al Ejecutivo le corresponde hacer que las instituciones funciones. El General Yáñez debe separar las responsabilidades individuales de las institucionales y no colocar al Gobierno en una situación imposible".
Por su parte, el académico de la Universidad de Santiago de Chile y exdirector de Seguridad Pública en el Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Araya, advirtió que esto "está generando una situación bien compleja a nivel de Gobierno, pero también en la Fiscalía Nacional".
"Queda en una situación compleja el Gobierno, porque si se concreta la formalización del general director, lo que sucede es que el Gobierno se vería obligado a reemplazarlo, a pedirle la renuncia, pero eso puede generar una rebeldía en las filas de Carabineros que produzca y acentúe la crisis de seguridad", puntualizó.
Por otro lado, afirmó que en el "Ministerio Público hay una clara división. Al parecer hay un conflicto declarado entre Armendáriz y el Fiscal Nacional, entonces puede ser que el Fiscal Nacional tenga que intervenir a fondo para impedir esto, pero creo que es difícil que esté a tiempo ya si está hecha la solicitud de formalización".
Dicho eso, Araya vio que "la crisis se va a prolongar por varias semanas y ciertamente esto afecta a la seguridad, dado que la institución se puede ver en una situación de cuestionamiento público que la paraliza en las medidas y acciones que pueda adoptar".
