En medio de la polémica por las pensiones vitalicias otorgadas por el Gobierno a sentenciados en el contexto del estallido social, uno de los beneficiados, que se encontraba prófugo de la justicia, fue capturado ayer martes por personal de Carabineros en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.
Se trata de Juan Francisco Villalobos Prado, quien había sido detenido en 2019 por desórdenes públicos y robo en supermercado. Quedó libre, y el 2022 fue formalizado por estafa y otras defraudaciones. Sin embargo, desde ahí que no se daba con su paradero.
Villalobos fue beneficiado con una pensión que ascendía a 2 ingresos mínimos no remuneracionales y se pagaría "de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento". De esta forma, entre el 18 de abril y 15 de diciembre recibió 9 pagos en su cuenta, a razón de uno por mes, que sumaron $
5.698.168.
Fue la semana pasada que se dio a conocer el otorgamiento de la quinta pensión vitalicia a un condenado por delitos cometidos bajo el marco del denominado estallido social. El caso de Jonathan Alfonso Parra Rebolledo, a él se suman los casos de Andrés Fuica Fuica, Gabriel Allende Torres, Adán Castro Cifuentes y de Eliseo Carrera Espinoza, según dio a conocer Ex-Ante.
Por lo mismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la semana pasada el ingreso de modificaciones para revertir los beneficios.
Quiénes pueden optar
El 4 de enero del 2022, el entonces subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, firmó la resolución que ordenaba la entrega de pensión vitalicia a personas que hayan sido víctimas de abusos por parte de agentes del Estado durante el estallido.
"Glosa 12 'con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a los establecido en la ley N°18.056.
Glosa 15 'con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante", se lee en el documento.
Una alta fuente de Interior de aquel entonces recuerda que "el INDH a través de una comisión, elaboró una lista que era mucho más grande de personas que podían optar. La fuimos depurando y se estableció esta cantidad de beneficiarios".
En total llegaron 715 solicitudes, de las cuales se aprobaron 418. 148 de ellas fueron entre enero y marzo del 2022, bajo la administración de Sebastián Piñera. Las restantes 270 llegaron ya con Gabriel Boric en La Moneda.
Cuánto reciben
Para establecer la cantidad de recursos a entregar, las autoridades establecieron tres rangos.
1 Ingreso Mínimo Mensual No Remuneracional, es decir $296.511 para 39 personas: Personas con lesiones leves, que hayan sufrido agresiones físicas (agresiones que atenten contra el cuerpo de una persona a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas, que pueden causar daño físico).
1,5 Ingreso Mínimo Mensual No Remuneracional ($444.766) para 221 beneficiarios: Personas con lesiones graves (extremidades superiores e inferiores, tronco, rostro, pérdida de piezas dentales, problema mandibular), agresión sexual (desnudamiento) y personas con afectación psicológica (crisis de angustia, ideación suicida, inseguridad, etc.).
2 Ingreso Mínimo Mensual No Remuneracional ($593.022) para 158 víctimas: Personas fallecidas y con lesiones gravísimas (trauma ocular irreversible, violación sexual, lesiones gravísimas no oculares, fractura de cráneo, traumatismo encéfalo craneano, TEC.)
Aquí hay un cambio, ya que con Boric en el Gobierno se aumentaron los montos. Antes con Piñera los rangos eran de 0,x3 IMM, 0,5 IMM, 0,7 IMM y 1 IMM.
