Esta semana, y luego de un intenso debate que enfrentó al Gobierno con la oposición, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve confirmó que el
Presidente Gabriel Boric revocará las pensiones de gracia vitalicias otorgadas a personas que resultaron afectadas por el estallido social y que mantengan antecedentes penales.
Ayer, el propio Mandatario salió a aclarar que serán 50 los beneficios que se revisarán, y se buscará revocar, vía administrativa, aquellas que han sido otorgadas a personas que cometieron delitos de mayor connotacion social; esto es, homicidios, violaciones o narcotráfico, entre otros.
Frente a este escenario, el rector de la Universidad Diego Portales,
Carlos Peña, reflexiona hoy en su columna de El Mercurio si debe excluirse de esa pensión necesariamente a quienes cuenten con un prontuario delictual y mantenerla a quienes no lo posean.
Partiendo de la base que una pensión de gracia debe entregarse -a la luz de las reglas- a quien haya prestado un servicio meritorio; haya sido afectado por una catástrofe o accidente, habiendo circunstancias excepcionales que lo sugieran; o padezca una incapacidad, Peña subraya que "muchas de las pensiones que se revisarán fueron otorgadas, sin embargo, no en virtud de esas precisas causales, sino a propósito del estallido social".
"Y sería bueno que, por fin, a propósito de esta revisión, se lo reconociera. Se reconociera que se fue irreflexivo -otra forma de decir que se fue irresponsable- al concederlos".
Carlos Peña, columnista
Entonces, ahora la pregunta es: ¿cómo se pudo justificar su otorgamiento? El columnista precisa que debe descartarse que sea por "servicios meritorios", puesto que "ellos supondría que impulsar el estallido, o participar en él, o alentarlo, constituyó un mérito digno de encomio o premio por parte del Estado". Y aunque reflexiona que algo así podría sostenerse para quienes adhieran a ese acontecimiento, "es muy difícil justificarlo desde el Estado".
Pero entonces, se podría decir -comenta Peña- si ¿acaso no se justifica haber otorgado pensiones de gracia a quienes habiendo participado de los acontecimientos de octubre resultaron gravemente lesionados, privaos de la vista o padeciendo una desgracia semejante?
En general, precisa, "si hay daño causado por el comportamiento de agentes del Estado (como ocurrió con la senadora Campillai) lo correcto, en vez de conferir una pensión, es pagar la indemnización de acuerdo con las reglas del derecho vigente. Bajo este último, todo daño causado por malicia o negligencia debe ser íntegramente reparado", comenta el columnista.
"Aceptemos, sin embargo, que entre los pensionados del estallido ha de haber varios que lo fueron por haber padecido perjuicio causado por agentes del Estado o presumiblemente por omisión del Estado (consistente en omitir el servicio de instaurar el orden). Y que debido a la urgencia a ellos se les otorgó una pensión", reflexiona Peña.
Pero, agrega, de ser así, "parece evidente que la revisión que efectuará el Gobierno y que el presidente Gabriel Boric acaba de anunciar no puede alcanzar esos casos".
"Si alguien quedó ciego producto de la acción policial y era un delincuente con prontuario o más tarde delinque ¿con qué argumento podría quitársele una pensión que le fue otorgada no por ser buen ciudadano, sino por haber padecido un daño? Un delincuente que padece un daño merece reparación sea que haya delinquido antes o delinca después. Así entonces, el anuncio tampoco alcanza estos casos", añade.
De esta mañera, el columnista plantea que "no pudieron otorgarse pensiones por mérito a propósito del estallido, y las que se entregaron a quienes padecieron daño no pueden ser revisadas (puesto que es el daño y no la conducta la que las justifican)".
Entonces, Peña plantea el último escenario: ¿queda algún tipo e caso que merezca la revisión? "Por supuesto, pero no es muy cómodo para el Gobierno. Son aquellos casos en que no había motivo alguno para conferir el beneficio (puesto que, como vimos, los partícipes de la protesta, violentos o no, no lo merecían)".
"Pero en tal caso, el responsable no es el beneficiario que la recibió, sino el Gobierno que la otorgó. Y sería bueno que, por fin, a propósito de esta revisión, se lo reconociera. Se reconociera que se fue irreflexivo -otra forma de decir que se fue irresponsable- al concederlos", cerró.
