La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el criterio que aplicará el Ejecutivo para revocar pensiones de gracia a personas que hayan cometido delitos graves.
Esto luego que desde el Partido Comunista se alzaran voces contra el avance de los proyectos de ley que apuntan a esta medida, con amenazas de impugnar la revocaciones en el Tribunal Constitucional y en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.
En conversación con radio ADN, la secretaria de Estado defendió la fórmula que está fraguando el Ejecutivo para revocar el beneficio. "Esto es algo que está trabajando muy minuciosamente el ministerio del Interior porque es un tema delicado, porque las pensiones de gracia, no es que se den a las víctimas de violaciones de derechos humanos con exclusividad, se han dado por distintas razones a distintas personas, hay muchas que se han entregado por temas sociales, por temas de reconocimiento", señaló.
Sobre el debate político, Vallejo relevó que "dado que existe, con justa razón, una crítica a quienes se han entregado las pensiones de gracia, dado una preocupación pública por los temas de seguridad, porque hay gente que ha cometido delitos y no cualquier delito, sino que delitos graves, el análisis jurídico que se hizo con el abogado es que se podía revocar dado que hay un bien público que estaría no siendo considerado, que es el de la seguridad".
Bajo esa consideración, explicó que "se ha hecho un criterio para poder decidir las posibles revocaciones de aquellos que han cometido, por ejemplo, homicidios o violación, y aquellas exclusiones también, por ejemplo, víctimas de trauma ocular, gente que como la senadora Fabiola Campillai perdieron la vista por acción de agentes del Estado".
Dicho eso, la ministra apuntó que "hay un sano equilibrio que se está tratando de lograr para evitar que retrocedamos en materia de reparación a víctimas de violación a los derechos humanos, que han sido graves, no cualquier lesión, y por otro lado, atendamos a este bien público o este interés público de no estar entregando recursos del Estado a personas que están cometiendo delitos graves".
Requerida por la posición del PC en la Cámara, Vallejo indicó que "yo hablé con el jefe de bancada y lo que sucede es que efectivamente hoy día, en el marco de la discusión del proyecto de ley de revocaciones de pensiones de gracia, se ha hecho ese planteamiento".
"Yo creo que hay que esperar que se discutan las indicaciones del Ejecutivo, porque cuando se expuso aquello, ni siquiera estaba sobre la mesa", acotó.
Sobre cómo se irán a complementar las indicaciones del Gobierno con la facultad administrativa presidencial que se aplicará para revocar, la secretaria de Estado aseveró que "es un todo coherente (...) La indicaciones están pensadas en cómo mejorar la ley y esas mejoras son coherentes con también la acción que nosotros como Ejecutivo queremos hacer con respecto a la revocación administrativa".
"La idea es poder entrar en ese debate, explicarle a los parlamentarios en qué consiste, el criterio, cuáles se revocarían, al mismo tiempo de cuáles son las actualizaciones y las modificaciones a la ley. Ese debate aún no se ha dado en la comisión porque no se han debatido las indicaciones aún. Entonces, yo creo en es sano en esto tener un diálogo más profundo, una conversación para presentar las posiciones y los argumentos políticos y jurídicos del Gobierno en la comisión, al mismo tiempo de atender las posiciones de la bancada", sostuvo.
Por lo demás, la ministra advirtió que "tenemos otro tema, que es el tema de las acciones de los parlamentarios que han señalado respecto al avance de la liberación de criminales de Punta Peuco y en eso el Ejecutivo también ha tenido una posición".
La iniciativa, añadió Vallejo, "es sumamente crítica a nuestro juicio porque pasa por alto estándares y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y que, además implica no solamente a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, darles la posibilidad de ser liberados, sino que también a gente que ha cometido abusos sexuales contra menores de edad".
