Una tarea de alta complejidad y que implica delicados riesgos ambientales conllevaría la demolición total del hotel Punta Piqueros, ordenada por la resolución que la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso dictó el jueves para cumplir un fallo de la Corte Suprema. Y la propia resolución es compleja. "Abre más flancos que los que cierra", advierte Rosa Gómez, profesora de Derecho Administrativo de la U. de Los Andes. "No aclara el tema presupuestario y si bien se refiere a permisos sectoriales, no indica cuáles ni quién tiene que tramitarlos", puntualiza. Gómez advierte que el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que fundamentó tanto la sentencia del máximo tribunal como la resolución administrativa del jueves, no deja alternativa: la demolición es a costa del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Eduardo Cordero, profesor de Derecho Urbanístico de la UCV, coincide que este es uno de los aspectos más complejos de la orden de demolición. "La ley dispone que será con cargo al propio presupuesto de la Seremi, lo que plantea más de un problema: los costos no son menores", enfatiza. Para el profesor de la Escuela de Construcción Civil de la U. de Valparaíso, tales costos oscilarían entre $500 millones y $1.500 millones. El jefe de la carrera de Ingeniería Civil en Construcción de la UC de Valparaíso, Matías Valenzuela, lo estima en US$ 2 millones, pese a que el mercado presenta una gran dispersión de valores. Ello, debido a que deben usarse tecnologías limpias, como desmantelamientos con cortes de diamantados para minimizar los impactos en el ambiente, dada la ubicación del hotel junto al mar y entre dos santuarios de la Naturaleza: Roca Oceánica y las dunas de Concón.
