Un tema que se ha tomado la semana es el de las videollamadas para reos de alta peligrosidad (asociados al crimen organizado, como informó Mega). Y es que la decisión del juez de garantía Daniel Urrutia, que se conoció en medio de la crisis de seguridad que afecta al país, provocó cuestionamientos inmediatos.
Según consignó El Mercurio, un recurso presentado por Gendarmería ante la Corte de Apelaciones de Santiago paralizó la orden temporalmente y el tribunal de alzada le pidió esta semana un informe -previo a resolver si correspondía mantener o modificar su autorización- y ayer viernes el magistrado respondió, insistiendo en lo resuelto y explicando sus fundamentos.
Urrutia citó normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, que "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares. Que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes. Que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
El informe agrega que "analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones". Además, recuerda, todos son imputados, por lo que deben "ser tratados de acuerdo al principio de inocencia".
Sin embargo, Gendarmería en el recurso para impugnar la decisión del juez advertía que el hecho de que estos reos de alta peligrosidad puedan "comunicarse libremente con terceros a través de videollamadas pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada".
Ahora, respecto a si se alcanzaron a materializar los contactos, la institución penitenciaria y el Poder Judicial indicaron a El Mercurio que no.
El juez denunció a la fiscalía haber recibido siete amenazas de muerte por redes sociales, tras darse a conocer su resolución.
