Diputados de la comisión de Constitución, Reglamento y Justicia salieron al paso luego de que se conocieran los argumentos del juez Daniel Urrutia para permitir videollamadas y visitas a reos de alta peligrosidad.
El magistrado fundamentó su decisión con normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, que "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares (…) lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
En el informe el magistrado agrega que "analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones". Además, recuerda, todos son imputados, por lo que deben "ser tratados de acuerdo al principio de inocencia".
Según constató El Mercurio, los reos beneficiados están siendo investigados por delitos graves, la mayoría asociados al Tren de Aragua. Asimismo, en este listado, se encuentran los imputados por el crimen del cabo de Carabineros Daniel Palma ocurrido el 2023.
Teniendo en consideración estos antecedentes, los parlamentarios - de manera transversal - condenaron la decisión de Urrutia.
El diputado Gustavo Benavente (UDI) indicó que "los fundamentos que dio el juez Urrutia para justificar su resolución, a mi juicio, son más inexplicables que esta resolución. Toda vez que él cita algunas normas internacionales, pero dichas normas no están contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y, por tanto, no son ley de la República. Recordemos que un juez, para justificar y fundamentar su resolución, debe invocar la ley. Y aquí, como dije, estamos hablando de normas que no son ley de la República. Incluso, es más, a fines del año pasado se aprobó en Chile una ley que prohíbe a los internos tener y usar celulares dentro de cualquier recinto penitenciario del país, lo cual hace más inexplicable la resolución del juez Urrutia".
"Yo no niego, y existe en la ley, la facultad de todo juez de inspeccionar los recintos carcelarios. Pero vuelvo a decir, dichas atribuciones también tienen que ser utilizadas con prudencia. Y aquí en la cárcel de alta seguridad estamos hablando de reos y de internos de alta peligrosidad de bandas organizadas, del crimen organizado y, en consecuencia, la resolución del juez Urrutia que autorizó estas videollamadas lo hace aún más inexplicable y poco prudente", agregó.
Asimismo, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócrata) dijo que "si bien existe la separación de poderes, resulta incomprensible que el Estado tenga dos mensajes para los delincuentes y el narcotráfico, por un lado busca perseguirlos y sancionarlos, mientras que por otro lado pretende beneficiarlo. Hoy nuestro ordenamiento jurídico consagra la restricción de libertades según el delito o la peligrosidad del imputado. Hoy se les está regalando en bandeja que sigan operando y organizándose desde la cárcel"
A su vez, el diputado Marcos Ilabaca (PS) indicó que "lo que ha sucedido con este juez de garantía es escandaloso y grave. No podemos permitir que este tipo de acciones suceda. El combate al narcotráfico y al crimen organizado debe ser total y todos los poderes del Estado deben encontrarse en una línea para poder desarrollar este tipo de acciones. Yo espero que la Corte de Apelaciones logre revocar esta decisión, que la encuentro errada. Revisaremos la normativa que existe actualmente para poder restringir este tipo de situaciones. Al crimen organizado no se le entrega ningún milímetro. Por lo mismo, creo que es absolutamente un error lo fallado por este tribunal".
Por último, el diputado Luis Sánchez (Republicano) dijo que "el comportamiento del juez Urrutia no es algo nuevo. Es el mismo que en el pasado dejó libres a delincuentes del estallido y además ha insultado en reiteradas ocasiones a nuestras policías. Es fiel representante de la ideología octubrista y por lo mismo la Corte Suprema debiese hacerse cargo y removerlo de la judicatura, o al menos del conocimiento de causas penales. Hoy la ciudadanía reclama mano dura y seguridad y el juez Urrutia, y todos los jueces que piensan como él, son una amenaza a esa demanda".
