El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Aton
La
Subsecretaría del Interior resaltó la resolución de la
Contraloría General de la República, que declaró que "es procedente" el convenio firmado entre ese ministerio y las autoridades del régimen de
Venezuela, tendiente a facilitar la entrega de información y elevar la cooperación entre ambas partes para combatir al crimen organizado.
"Tras el análisis de los antecedentes, este organismo de control determinó que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) sí está facultado, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras, que incidan en asuntos propios de su ámbito de competencia", señaló el ente contralor.
Al respecto, la Subsecretaría del Interior destacó que "este convenio se suma a otros acuerdos suscritos por nuestro país en estas materias, como los establecidos con Bolivia durante 2023, el diálogo que se mantiene con Perú en esta materia, la firma de Chile para su incorporación a AMERIPOL, o la reciente participación de nuestro país en el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCto 2.0) y la III Cumbre de Ministros y Ministras del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), entre otras".
"Desde la Subsecretaría del Interior reafirmamos nuestra decisión de seguir buscando distintos espacios de cooperación internacional, conforme a la establecido en la Política Nacional del Crimen Organizado, para enfrentar el crimen organizado transnacional y garantizar el derecho a la seguridad de los chilenos y chilenas", enfatizó.
Recordar que el convenio con Venezuela fue firmado el 18 de enero por el subsecretario Manuel Monsalve con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de dicho país.
En el documento, ambos territorios se comprometieron a promover una serie de acciones, entre ellas, capacitaciones mutuas, la generación de alertas tempranas relativas a los nuevos modus operandi con que operan las bandas criminales, el mantenimiento de una lista de prófugos de la justicia y el intercambio de antecedentes penales de blancos investigativos.
Sin embargo, hasta la fecha este acuerdo aun no está en ejecución, debido a que Venezuela no ha nombrado la contraparte suya para concretarlo.
