"La decisión tomada por la Corte (Suprema) ciertamente la respetamos y nos parece prudente. Atendía la preocupación que había para desarrollar el juicio sin estos traslados que generaban gran preocupación".
Con esas palabras la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró este sábado la decisión de la máxima instancia del Poder Judicial de acoger una orden de no innovar y establecer el inicio del juicio oral -programado para este lunes 22 de abril- en contra de 19 sujetos imputados como autores de delitos de homicidio calificado, secuestros, porte de armas, tráfico de drogas, entre otras, que formarían parte de la agrupación delictiva conocida como Los Gallegos, de forma telemática.
Cabe recordar que a mediados de abril la Corte de Arica ordenó que este fuera presencial en el Tribunal Oral en lo Penal de dicha ciudad, pero aquello tuvo una serie de reacciones que alertaban sobre el "alto riesgo" de realizar aquello, sobre todo porque de las 19 personas (de 38 que fueron detenidas), ocho están en cárceles de regiones, por lo que se debía gestionar un gran operativo para su traslado. De hecho, un recluso debía ser desplazado desde Puerto Montt.
Ahora, pese a su apreciación, la secretaria de Estado remarcó esta jornada que "independientemente de la decisión que tomara la Corte, desde el Ministerio del Interior estábamos en contacto con las autoridades de la región, de la ciudad en particular, con el alcalde, el delegado regional, para reforzar medidas de seguridad en cualquier circunstancia que se diera el juicio".
La ministra también precisó -en medio de una pauta por una nueva ronda masiva realizada por Carabineros- que "ojalá nos tengamos que acostumbrar a que las bandas están presas, enfrentan juicios y no andan sueltas en la calle. Y que, ciertamente, eso nos plantea un desafío de seguridad, de medidas de resguardo, de precaución, que tendremos que tomar, pero ojalá sea ese el desafío que tengamos y no que la gente se pueda encontrar en la esquina de su casa con alguna de estas personas".
Tohá informó de manera adicional que cuando se detiene a integrantes de organizaciones criminales, quienes no han sido aprehendidos "desarrollan distintas estrategias de intimidación" y, en ese sentido, explicó que "por ejemplo, en la Macrozona Sur cuando vienen los juicios, intentan hacer ataques, atentados y amedrentar, y hemos desarrollado ya una capacidad de predecir cuándo estas cosas van a suceder y tomar medidas de resguardo con quienes podrían ser objeto de estas amenazas y también con el entorno, con los lugares donde se van a desarrollar estos juicios o estos traslados, según sea la situación".
Y eso, continuó, "es parte del aprendizaje de enfrentar este tipo de situaciones en las cuales hoy día estamos mucho más preparados que antes. Y quiero insistir en esto, estamos viendo muchos juicios de este tipo, enhorabuena, quiere decir que hemos ido pillando a estos delincuentes y que van a enfrentar la justicia".
Durante las últimas horas surgieron otras reacciones al respecto como la del alcalde Gerardo Espíndola, quien si bien indicó que es una "buena noticia el fallo", se pronuncia "en la forma y no en el fondo".
"Eso no nos deja en absoluto tranquilos ante esta situación que puede ocurrir, un juicio presencial. Para quedar tranquilo en la ciudad necesitamos un Parlamento que legisle con fuerza y que legisle con rapidez. Y lo que necesitamos son leyes que aseguren que juicios de esta naturaleza, con delincuentes de alta peligrosidad, sea de manera telemática y no de manera presencial (...) De momento no sería presencial, pero esto puede cambiar en cualquier momento", subrayó el jefe comunal.
Ante ese escenario, Tohá enfatizó que "las decisiones de dónde se hacen los juicios las toman los tribunales. Al Ejecutivo no le corresponde en esa materia pronunciarse".
Sin embargo, expresó que "donde quiera que se hagan los juicios vamos a entregar condiciones de seguridad y la prueba de que estamos en condiciones de enfrentar esto es que esas personas están presas. Entonces no nos inflijamos derrotas. Es un triunfo que estén presos. Tenemos que hacer esos juicios seguros para todas las personas, pero lograr condenas para que esas personas respondan, paguen por los delitos que cometieron. Eso es lo que se hace en un país serio, en una democracia madura como Chile es".
