Siguen las repercusiones por el oficio que envió el Ministerio de Justicia -liderado por
Luis Cordero- a Gendarmería, el que busca que se informe mensualmente a jueces y fiscales el número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país, considerando que existe una sobrepoblación en ellas.
Según ha expuesto el secretario de Estado durante la semana, "la sobrepoblación es responsabilidad del sistema de justicia en general, pues Gendarmería es solo receptor de las personas privadas de libertad" y lo que ellos quieren (con la acción anunciada) es "que todos quienes participan del sistema de justicia penal tengan claros los números de las personas privadas de libertad, su situación y los efectos de la sobrepoblación, entre otras cosas, para velar por los derechos de las personas que se encuentran dentro de los establecimientos", pero también por la "seguridad" de los mismos centros penitenciarios y sus posibilidades reales de segregación en estas condiciones.
La idea, de acuerdo con el ministro, es que "todos sepan la disponibilidad de cupos que tiene el sistema" y esperaría -según consigna El Mercurio- que, por ejemplo, ello se tuviera en consideración al momento de decretarse una prisión preventiva para un imputado por algún delito.
En estos días y en un punto de prensa, el titular explicó que "el número de personas privadas de libertad en el país ha aumentado en los últimos 24 meses cerca de 40%" y que el país mantiene "su número de plazas desde hace aproximadamente una década", y que es de 41.000.
Si bien Chile "ha invertido en mejores condiciones carcelarias, no ha aumentado su número de plazas", remarcó y añadió que "el Ministerio de Justicia se ha podido percatar que no hay conciencia de la capacidad total de los establecimientos y lo que implica la sobrepoblación, y eso ha sido muy evidente por los informes de jueces de garantía y fiscales judiciales que nosotros hemos recibido".
Asimismo, señaló que "el propósito es que el sistema de justicia en su totalidad tenga la información. Si eso tiene relevancia o no tiene relevancia para efectos de la prisión preventiva, el Ejecutivo no tiene ese propósito. Es fundamentalmente que todos sepamos y que seamos transparentes con la información que tenemos".
De hecho, luego de recibir críticas y en diálogo con Radio Universo, el jueves el ministro expresó que "lo único que hice, es que esa información que es pública, se entregue permanentemente. No sé desde cuándo decir datos públicos y decir la verdad es un problema".
Agregó que todas las recomendaciones internacionales en materia de gestión penitenciaria apuntan a "que el sistema de justicia tenga pleno conocimiento de la capacidad del sistema penitenciario; no para inhibir la posición de los jueces ni de los fiscales, sino que, esencialmente, para que sepan cómo está operando el sistema penitenciario".
"Esto, porque a mayor sobrepoblación, la segregación por seguridad se hace difícil o derechamente imposible; pero desde el punto de vista de la gestión de seguridad, si un fiscal quiere tener segregado a una persona por un determinado tipo de delito, es de responsabilidad del sistema penitenciario que le informe su capacidad", añadió Cordero. Mismo caso si Gendarmería desea hacer un traslado y existe una cárcel sobrepoblada.
La autoridad remarcó que no hay propósito de incidir en la prisión preventiva considerando que en enero ya había abierto un debate en torno a ese tema, apuntando a un presunto "abuso" de la máxima medida cautelar.
"Cuando tenemos un abuso de la prisión preventiva y aumentan las personas privadas de libertad, a usted le impide razonablemente hacer dos cosas dentro de la cárcel (...) la primera es segregar de modo eficaz, y la segunda, tener políticas de reinserción adecuada, que es donde uno debiera focalizar en el caso particularmente de los condenados", dijo en esa oportunidad a Estadio Nacional de TVN.
Ahora en cuánto a qué se entiende de las declaraciones de Cordero, en conversación con El Mercurio el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, dijo considerar que "es una voz de alerta del ministro de Justicia a la opinión pública, de decir que los presos están hacinados, que hay una sobrepoblación, pero esto es parte de la política criminal que le corresponde resolver al Gobierno. Los jueces saben lo que tienen que hacer: tienen que actuar de acuerdo a la ley y si procede la prisión preventiva deben decretarla".
Otro integrante del máximo tribunal abordó la situación con una pregunta: si una persona cometió un delito grave, asociado al crimen organizado, por ejemplo, y la cárcel está llena, "¿no lo podemos dejar preso?", dijo.
Lo cierto, es que entre varios de los ministros de la Corte Suprema no "cayeron muy bien" las declaraciones del titular de la cartera. Tampoco, según comentan, saben por qué de nuevo se puso el foco en las prisiones preventivas, si es una potestad que deben resolver los jueces, de acuerdo a los criterios establecidos en la ley y no en atención a otras consideraciones.
Un supremo señaló que siente que es una especie de "presión indirecta" para jueces y fiscales, porque cada uno debe evaluar en qué casos amerita la prisión preventiva y en cuáles no. En su opinión, el ministro debe "respetar la independencia interna" del Poder Judicial.
En tanto, hay quienes le encuentran la razón en "algunos aspectos. Según una ministra, el hecho de que Justicia informe la situación carcelaria, si bien no es un "elemento legal" en relación con el delito, sí puede ser un "elemento a considerar", y ejemplificó con la actuación que tenía la fiscalía en la época de la pandemia, en que se pedían expresamente cautelares menos intensas por el riesgo de contagio que había en las cárceles y "nadie se escandalizó por eso".
Otra magistrada planteó que le parece que es un "dato estadístico", pero cada juez tiene que resolver según los méritos del caso y solo puede tenerlo presente como algo adicional.
Cordero ha remarcado de todas maneras que si bien los recintos penitenciarios son responsabilidad del Estado, "cuando se habla del Estado, el sistema de justicia es el Estado. El Poder Judicial, el Ministerio Público, son el Estado. Esta es una responsabilidad pública, de todos los actores que participan del sistema de justicia".
