El polémico y bullado proceso de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), no sólo provocó tensiones entre el Partido Comunista y La Moneda, sino que también vino a incomodar a la carta sucesora, Fares Jadue, quien pese a apoyar al jefe comunal, el lunes marcó distancia con su figura: "Yo soy Fares Jadue, Daniel Jadue es otra persona".
Los dichos no son baladí bajo el prisma de las próximas elecciones municipales, que mantienen a la derecha buscando las fórmulas para reconquistar la administración que perdieron hace 12 años por ir separadas.
Pero más allá de las coyunturas que vive Recoleta y el caso de Jadue, hay otras administraciones que enfrentan investigaciones por un presunto mal uso de recursos, o alcaldes o ex alcaldes sobre los que pesan imputaciones por corrupción y abuso sexual.
Por mencionar algunos; el caso de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (Ind. pro UDI), quien se encuentra con arresto domiciliario total, mientras avanza la indagatoria en su contra por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por un desfalco que llegaría a los $31 mil millones; la actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), investigada -junto a otros siete funcionarios- por presuntos delitos de corrupción en la venta de propiedades para la construcción de un Cesfam; o el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (ex UDI), quien está en prisión preventiva, imputado por delitos de corrupción.
La lista de indagatorias las engrosan los
alcaldes de Cunco, Alfonso Coke (Ind), quien recientemente dejó la prisión preventiva para cumplir arresto domiciliario en el marco de la indagatoria en su contra por presuntos abusos sexuales; o el
alcalde de Laja, Alberto Quintana (Ind.), quien a fines de abril fue condenado a 40 días de presidio -que se encuentra cumpliendo en libertad- y suspensión de su cargo, por el delito de acoso sexual en grado de consumado.
¿Cuánto pesa este escenario respecto a las confianzas de la ciudadanía en la figura de los alcaldes?, ¿cuánto se agudiza de cara a las elecciones municipales de octubre?
Para Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), "los procesos judiciales contra las autoridades locales y contra cualquier otra, afectan la confianza en ellos y minan la fe en el cumplimiento de la legalidad y el bien común", comenta a Emol.
"Estas situaciones generan desconfianza en la ciudadanía, debilitando la imagen del sistema en su conjunto. Además, a cinco meses de una nueva elección, estos casos socavan la confianza en el sistema político y público dando una percepción de generalidad", acotó.
Baja aprobación al desempeño municipal
En conversación con Emol, expertos también ponderan los efectos en la ciudadanía de la serie de alcaldes que han estado en el banquillo de los acusados. Hay consenso en que si bien los jefes comunales cuentan con mejor reputación que los legisladores, la confianza ha ido disminuyendo.
Ya en 2023 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había presentado querellas al 40% de los municipios (135 municipios de 345). En tanto, de acuerdo a la última encuesta Cadem -post Cuenta Pública- un 60% respondió que el país está "peor" en cuanto a la confianza a las instituciones, versus un 56% que opinaba en esa línea en mayo.
En tanto, el
mismo sondeo del 28 de abril, un
44% dijo aprobar el trabajo que están desempeñando las municipalidades, mientras que en marzo, la cifra era de un 47%.
Sobre estos datos hace hincapié Tomás Duval, analista político de la U. Autónoma, quien afirma que "en general los municipios no se encuentran bien evaluados por la ciudadanía y si a ello agregamos alcaldes en prisión preventiva (ocho al menos en el último tiempo) tendremos que no existe, salvo excepciones, buenas evaluaciones de los jefes o jefas comunales. Ello resulta preocupante si agregamos una mala evaluación en sondeos de opinión sobre los partidos políticos".
Para Mauricio Morales, analista político de la U. de Talca, los casos de corrupción disminuyen la confianza en la figura de los alcaldes, aunque advierte que aquello "no siempre impacta en el municipio como institución; la ciudadanía hace la diferencia entre el alcalde y el municipio, pero eso en algún minuto se podría romper, especialmente si se agudizan los casos de corrupción".
Por su parte, Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, comenta que "cualquier caso de esta índole tiende a confirmar el juicio negativo de la ciudad respecto de la clase política, cuya credibilidad ya está bastante erosionada".
Más independientes y menos interés en participación
De acuerdo a Duval, ese escenario podría explicar el crecimiento continuo en la elecciones municipales de la elección de alcaldes y alcaldesas independientes que en la actualidad bordean en 40% -tras la última elección-, sumados los electos fuera de pactos políticos y los que fueron apoyados por partidos.
En tanto, Morales plantea que "estos casos producen descensos en la participación electoral, pero con voto obligatorio la situación cambia".
"De igual forma, algunos alcaldes podrían aprovechar estos casos en clave de victimización o persecución política, pero dado que los electores tendrán un mayor volumen de oferta de candidatos, esa estrategia no será muy éxitos", analizó.
Para Alvarado, sin perjuicio en la mella en la confianza que generan los casos de corrupción, "en paralelo se abre la oportunidad para un juicio más reflexivo, de que, pese a todo, las instituciones funcionan y los dirigentes políticos, por poderosos que sean, son debidamente procesados y eventualmente condenados cuando así lo ameritan las circunstancias del caso".
