El pasado lunes, cinco integrantes del Tren de Aragua -imputados por secuestro agravado, además de otros delitos- quedaron en libertad, tras una cuestionada audiencia de revisión de medidas cautelares. De inmediato, comenzaron las dudas sobre qué es lo que había pasado realmente.
En lo concreto, el abogado asistente de la Fiscalía de Los Vilos, Luis Soto, realizó una débil presentación, según reconoció el propio Ministerio Público. Ello habría derivado en que la jueza de garantía, Daniella Pinto, rebajara la prisión preventiva de los imputados a la de arresto domiciliario total, previo pago de una caución de $5 millones.
Apenas se conoció lo ocurrido, el Ministerio Público apeló por escrito y fue la Corte de Apelaciones la que revocó la libertad y decidió que regresarán a prisión ¿El Problema? Los sujetos no estaban en la dirección establecida. Si bien dos de los miembros de la banda ya fueron recapturados tras entregarse, aún hay tres sin paradero conocido.
El caso generó un remezón en el Poder Judicial. Se abrió una investigación en contra de Soto, se establecieron medidas cautelares para la jueza y se gestó un amplio debate en torno a la seguridad de los fiscales o la posibilidad de que puedan caer en delitos de corrupción.
Investigación en contra del abogado
Los deficientes alegatos en representación de la Fiscalía de los Vilos que realizó el abogado representante, Luis Soto, motivó que se abriera una investigación administrativa, además de una penal, en su contra. Esta última se asignó al fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat.
"La investigación se da inicio por una denuncia interpuesta por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, en contra del abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por hechos eventualmente constitutivos de delito ocurridos en la audiencia desarrollada el 3 de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos", informó la fiscalía nacional este viernes.
Y es que -según explicó el fiscal nacional, Ángel Valencia, en Radio Agricultura- se debe resolver por qué el funcionario "omitió apelar durante la audiencia, una serie de cosas van a tener que establecerse en la investigación".
La duda que queda, así, es por qué el funcionario -también ex miembro de Carabineros- no fundó las razones para que los imputados se mantuvieran tras las rejas.
Exposición de los fiscales
Entre las tesis que se manejan en relación al débil alegato del abogado Soto, se encuentra aquella que apunta al temor que podría haber sentido de ser víctima del Tren de Aragua. Y es que en los últimos años -y a raíz del ingreso al país del crimen organizado- desde distintos frentes se ha advertido sobre lo expuestos que pueden estar los investigadores al trabajar sobre este tipo de causas.
"Hoy día, a lo largo de todo Chile, hay fiscales, funcionarios y profesionales que están periódicamente exponiendo su integridad física, incluso exponiendo su vida para perseguir el crimen organizado", aseguró Valencia, en conversación con el medio citado.
En esa línea, comentó que "la profesión de fiscal comienza a ser más peligrosa que antes", y que "trabajar en la fiscalía comienza a ser más riesgoso que antes".
También agregó: "Quisiera que se tuviera presente que una persona pudo haber sido víctima de amenazas, una persona pudo haber sido víctima de distintas motivaciones para actuar de esa manera. Por lo tanto, ruego no prejuzgar".
Ante dicha posibilidad, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló a El Mercurio que "en nuestro país, para que exista verdadera capacidad de jueces y fiscales de aplicar la ley y condenar a quienes cometen delitos graves, estos deben ser capaces de tomar sus decisiones libres de amenazas o del temor de poner en riesgo su vida o su integridad física como consecuencia de su función pública".
En tanto, el exfiscal Alejandro Peña indicó que "debiera estudiarse la posibilidad de que este tipo de causas, de crimen organizado, se radiquen en la fiscalía de la capital regional para evitar que fiscalías pequeñas puedan ser objeto de este flagelo o que puedan sentirse amedrentados".
Si bien entre quienes conocen el mundo de la fiscalía efectivamente se habla de la posibilidad de que Soto haya actuado movido por el temor, también se maneja la posibilidad de que haya recibido algún tipo de pago. La investigación tiene la tarea de determinar, finalmente, qué ocurrió.
Amenazas a la jueza
En paralelo a estas indagatorias, la jueza Pinto, tras haber resuelto dejar en libertad a los imputados del Tren de Aragua, comenzó a recibir amenazas de usuarios a través de redes sociales, principalmente en X.
Muchos, por medio de esos canales, la apuntan como la culpable de la libertad de los imputados. Esto, a pesar de que Pinto pidió -con insistencia- más precisión a Soto al momento en que este hacía las alegaciones. Y de que tras ello reprochó la calidad de las mismas.
Como consecuencia, según consignó El Mercurio, se dispuso de personal de Carabineros para realizar rondas en aquellos lugares por los cuales la magistrada circula en su día a día.
Pinto estaría citada a declarar este lunes por la investigación que se sigue contra el funcionario del Ministerio Público.
Reacciones del Gobierno
Nadie en el mundo político quedó ajeno a la libertad de los miembros del Tren de Aragua. Desde el Gobierno, fueron enfáticos.
"No son cualquier tipo de crímenes y tampoco cualquier tipo de organizaciones y por lo tanto, requiere una cierta proactividad, sobre todo cuando hemos puesto tanto énfasis en organizaciones criminales y hemos además regulado separadamente los aspectos procesales y los aspectos penales de ese tipo de organizaciones", dijo esta semana en Radio infinita el Ministro de Justicia, Luis Cordero.
Mientras, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que "nosotros como Gobierno expresamos (...) nuestra preocupación por decisiones de este tipo cuando se trata de grupos criminales que tienen los antecedentes que tenía este y de personas que, en casos similares, han tenido comportamientos de fuga".
