El debate por el uso de pistolas de electrochoque Taser en el país, si bien no es inédito, volvió a reflotar con fuerza a raíz de la afirmación que hizo el
gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a fines de junio. Según sostuvo, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric habría dado luz verde a su uso, no obstante, hay varios matices al respecto.
De acuerdo a la autoridad regional, esa fue la definición que emanó de una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en La Moneda. Tras la cita, el gobernador afirmó que "la decisión del Gobierno es que las taser se van a implementar en Chile" en las policías y Gendarmería.
Además, aseguró que "el subsecretario Monsalve se comprometió a trabajar rápidamente en el protocolo".
No obstante, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, salió a contradecir a Orrego. El 3 de julio, la autoridad afirmó a Radio Pauta que a lo que se comprometió la cartera del Interior fue a una evaluación. "El gobernador Orrego lo que ofreció públicamente es incluso financiar un piloto (del sistema). (...) Pero lo que está se está llevando adelante es una evaluación", dijo Vergara.
Ese mismo día, la ministra del Interior, Carolina Tohá, participó en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde hizo algunas precisiones respecto a la posible adquisición de este tipo de armas, para el uso de Gendarmería y Carabineros.
"Hay una decisión de hacer una nueva evaluación, porque la que se hizo en su época lo descartó. Y si esa evaluación da como resultado que abordemos su uso, se tiene que elaborar un protocolo como todas las armas no letales. Y como ahora se está haciendo el protocolo de todas las armas no letales, en ese proceso está metido lo de las Taser", dijo la ministra.
Asimismo, dijo que Carabineros es la institución encargada de hacer los análisis respectivos, y pese a que el estudio no es vinculante, el Gobierno tiene la disposición de atender el resultado de esa evaluación.
Días después, el subsecretario Monsalve remarcó que la cartera del Interior y Carabineros trabajan en "definir los protocolos" del armamento no letal. Especialmente, por las precauciones que se deben tener: "no se puede usar en cualquier lugar, frente a cualquier procedimiento o tal vez frente a cualquier persona".
Así, se espera que recién aquí a diciembre se puedan tener a la vista aquellos protocolos, y de ahí en más definir el camino respecto al uso de estas armas.
Un debate esporádico
El debate no es nuevo. Hace algunos años ya se había instruido en nuestro país el uso de pistolas eléctricas Taser. Por entonces, la idea consistía en que Carabineros de graduación mayor, como suboficial mayor, teniente y capitán tuvieran la atribución para usar estas pistolas que constituyen una opción de las policías para evitar el uso de un arma de fuego.
Su mecanismo de funcionamiento es el siguiente: dos dardos de metal se disparan a más de 170 km/h luego de la percusión de su gatillo, y en caso de que las puntas tomen contacto con su objetivo, este último sufriría una descarga que paraliza los músculos.
Y pese a que estos elementos constituyen un tipo de armamento "no letal", su uso no ha estado exento de polémica alrededor del mundo.
En octubre de 2022, y luego de la muerte del sargento de Carabineros, Carlos Retamal, se reactivó el debate por las atribuciones a la policía uniformada, especialmente para defenderse ante agresiones.
En esa oportunidad, parlamentarios ingresaron una moción que modificaría la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, incorporando a la función policial el porte de nuevo armamento que buscaría prevenir el crimen.
De acuerdo a lo que explicó entonces el diputado Álvaro Carter (UDI), el proyecto tenía cuatro incisos. "El primero es que todos los uniformados sean oficiales o suboficiales cuenten básicamente con electroshock o pistolas Taser", indicó.
El segundo, apuntaba a que todos los Carabineros, "tanto los oficiales como suboficiales cambien su armamento básico, que es en estos momentos un revolver y pasen a ser pistolas automáticas".
"Un tercer nivel es que todos los oficiales puedan portar, de forma preventiva, ametralladoras de combate urbano, que son las llamadas uzis. Y un cuarto nivel que es para las policías cuando tienen que entrar a una población a detener grupos armados por el narcotráfico puedan utilizar carabinas fusiles M4", señaló el parlamentario.
