Archivo, El Mercurio
El miércoles la Contraloría General de la República emitió un oficio en el que entrega una serie de instrucciones a las municipalidades del país para regular la realización de eventos culturales y de esparcimiento, como festivales, conciertos, vendimias, carnavales, organizados por las municipalidades.
En siete páginas se detalla que "las autoridades y funcionarios deben evitar que en estos eventos -financiados con recursos públicos- se incluya o permita el fomento de mensajes contrarios a las garantías constitucionales, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile, especialmente aquellos que inciten a atentar contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas; que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes -como ocurre, por ejemplo, con la pornografía infantil-; que incentiven, promuevan o publiciten actividades calificadas como infracciones o delitos -tales como el tráfico de drogas, el porte o uso ilegal de armas, la asociación ilícita o la trata de personas-; u otras actividades que pudieren afectar el orden público, los bienes públicos y la seguridad interior y exterior de la Nación".
Además, también se señala que, "si bien estas actividades están contempladas entre las funciones sociales y culturales de los municipios y en ellos pueden utilizarse bienes municipales y nacionales de uso público, su uso no debe entorpecer el normal funcionamiento de estos bienes".
A raíz de esto, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, manifestó que "si bien este instructivo no es nuevo, nosotros como AMUCH siempre hemos estado de acuerdo con esta directriz".
Agregó que "los municipios continuamente entregamos diversión, cultura y música a los vecinos, es parte de nuestros deberes, lo que conlleva a la vez responsabilidades a la hora de elegir el tipo de espectáculo que ofrecemos".
Cerró con que "hoy en día no podemos dar espacio a la delincuencia, a la violencia y al narcotráfico, por eso debemos estar atentos a los grupos que se contratan. Esto hoy debería ser de sentido común de cada municipio".
Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), manifestó su valoración del oficio. "Me parece que el oficio de la Contraloría es positivo, ya que dentro de una serie de instrucciones que entrega a los municipios en relación a los distintos eventos culturales, se detiene en el contenido de los mensajes. Y por supuesto que es inaceptable que entidades públicas promuevan artistas que en sus shows hagan alegorías al tráfico de drogas, al uso de armas y a la delincuencia".
Aunque también tuvo algunas precisiones. "Ahora, así como estamos de acuerdo con no promover artistas urbanos que hagan alegorías a la cultura narco, debemos hacer la distinción con los artistas de la cultura del rap o del hip hop, o que se pueden denominar también artistas urbanos, pero cuyos mensajes nada tienen que ver con el narco. No sería justo meter a todos en un mismo saco", sostuvo.
Mientras que para Rodrigo Ruíz, alías "Don Lota", un experto en música urbana, esto le "parece llamativo y muy peligroso para la sociedad y la libre expresión que este tipo de instituciones insistan en levantar el dedo inquisidor sobre expresiones artísticas y culturales, traspasándoles la responsabilidad casi absoluta de los males que hoy nos golpean, en lugar de exigir soluciones reales para acabar con estos problemas a las instituciones que deberían garantizar el correcto funcionamiento del país".
El también presentador del programa "Flow La Hora" del canal Vive! agregó que "en muchos de estos mismos eventos con fondos públicos es sabido que en los alrededores se vende alcohol ilegalmente, hay tráfico de drogas, porte ilegal de armas, se forman peleas, y estas situaciones ocurren con un show de cumbia o de música romántica, indistintamente, ya que el trasfondo es otro, y no el menú musical del día. El control debe estar puesto en la seguridad, la prevención real y políticas estatales que vayan en ese rumbo, y no en lo que pueda o no decir un cantante en sus letras".
"Es absolutamente discriminatoria la resolución, sobre todo para la juventud, porque castiga de manera directa solo a un estilo de música, que es la urbana, cuyos exponentes se verán marginados de fiestas populares a pesar de ser hoy los artistas más populares del momento, valga la redundancia, y de liderar -al menos en cuanto a números- la revolución chilena más importante en la historia de nuestra música a nivel mundial, y que cuyo éxito justamente inspira a muchos jóvenes a cambiar sus destinos desde la creación musical, saliendo así de sus realidades a muchas veces precarizadas por el mismo Estado", sentenció Ruíz.
