El hecho se remonta al 2 de octubre de 2020, jornada en que, en medio de las manifestaciones por el estallido social del 18-O, el entonces adolescente "Anthony" terminó cayendo desde más de 7 metros de altura, resultando con múltiples lesiones.
La trama de la imputación y los cuatro años de investigación a la fecha no estuvieron exentas de aplazamientos -por diversas razones-, como también de varias dificultades que acumulaba la fiscalía en el camino. Uno de ellos, fue el intento de Chong por ir a un juicio abreviado, lo que implicaba que la pena contra Zamora no podría superar los cinco años, sin embargo, la defensa del excarabinero lo rechazó, por lo que fueron a juicio oral.
Luego de algunas demoras, el 22 de mayo comenzó el proceso que también sumó más de un revés para la investigación de Chong: algunos de sus propios testigos señalaron que no se podía establecer que Zamora haya empujado al joven, lo que no hizo más que reforzar la tesis que había sostenido férreamente la defensa del imputado.
Así las cosas, el resultado de cuatro años de investigación, y la carga simbólica que acarrean los casos asociados al estallido y a los posteriores años, llegó hoy a un punto cúlmine en esta etapa procesal: se le consideró inocente, se levantaron sus cautelares, y el tribunal incluso subrayó que hubo "ambigüedades", "desorientación" en los alegatos finales, y que ni siquiera la fiscalía pudo precisar la cantidad de versiones que se presentaron en el estrado respecto a la acusación.
Casos de alta connotación pública
Este caso de alta connotación pública es uno de los tantos que ha encabezado la fiscal de 52 años desde que ingresó al Ministerio Público, hace 19 años. La persecutora, especializada en delitos tributarios, lavado de activos y corrupción; ha dirigido indagatorias como Canteros de Colina, Corma, Schwager, Publicam y Facturas del Ejército.
En 2015, colaboró en la investigación Corpesca, que en 2021 dejó al ex senador Jaime Antonio Orpis con una pena de cinco años y un día por fraude al fisco y cohecho. Luego de que se confirmara el fallo, Chong comentó que "
es una sentencia que marca un precedente".
También estuvo a cargo de la investigación por presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña OAS a campañas políticas en Chile. En 2017 ordenó el allanamiento de oficinas, luego de que OAS dejara el consorcio que había formado con Hyundai para la construcción del puente Chacao. En ese contexto, también se indagaba el jet privado que la constructora brasileña dispuso para la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami (MEO), en 2013.
En 2018, encabezó otra indagatoria contra MEO, luego de una denuncia efectuada por el Servicio Electoral (Servel), a raíz de la detección de una factura presuntamente irregular que habría utilizado para rendir gastos de campaña en las presidenciales de 2017.
En 2021, tras el veredicto absolutorio al excandidato presidencial -que dio el mismo tribunal por el que se revisa el caso Pío Nono-, Chong comentó que "es una decisión que no es satisfactoria", y destacó que el juicio "fue eficaz, se ratifica la hipótesis de que las facturas eran ideológicamente falsas. Los fondos recibidos por OAS se usaron en una precampaña".
Rol post estallido social y críticas
En 2019, luego del estallido social, el fiscal Xavier Armendáriz -fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte- determinó que Chong se haría cargo de los casos vinculados a la eventual violación de derechos fundamentales.
En ese contexto, la persecutora encabezó la imputación contra el
exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por apremios ilegítimos, en concreto: por herir a Gustavo Gatica en los ojos -provocándole la pérdida de la visión- y por disparar al rostro de un joven. Luego de un largo proceso, Crespo fue absuelto el pasado 18 de junio por esta última indagatoria. Por el caso Gatica, en tanto, Chong solicita 12 años de cárcel, y se espera que a fin de este año se desarrolle el juicio oral.
Luego, vino la causa por el Puente Pío Nono. Conocedores de la causa señalaron que la fiscal pidió en un momento dejar la indagatoria, debido a que en noviembre de 2020, y tras lograr la prisión preventiva del excabo Zamonara, la persecutora recibió en su domicilio distintos mensajes, entre los que se encontraban amenazas de muerte. En abril de 2022, Daniel Goldberger Garcés terminó condenado a 541 días.
Un mes antes, la persecutora también interrogó, en calidad de imputado por "omisión" en torno a apremios ilegítimos durante el estallido, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien hizo uso de su derecho a guardar silencio; asimismo, el jefe de la policía uniformada acusó a Chong y al fiscal Xavier Armendáriz de "odio y resentimiento" en el tenor de las indagatorias.
"No podríamos tener tener en ningún caso una actitud de resentimiento respecto de una persona jurídica", respondió Chong.
Estas causas también han abierto críticas desde la oposición. Sin ir más lejos, en mayo de este año, en medio del debate en el Congreso por las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), parlamentarios acusaron al sistema judicial como "ideologizado" o "politizado".
"(...) Muchos criterios absolutamente interpretables que habrían dejado a nuestros militares y policías absolutamente expuestos a la discrecionalidad de fiscales como Ximena Chong y de jueces de Daniel Urrutia que ya sabemos cómo trabajan", dijo el diputado de Republicanos, Luis Sánchez.
En junio, y en medio de la querella que presentó en INDH, el exministro y candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes, acusó a Chong de filtrar información al medio de comunicación CIPER -que reveló los mensajes en el caso WhatsApp. "En el último tiempo la fiscal Chong ha sido un actor político más", acusó.
