Este martes, con ocho votos a favor y cuatro en contra -todos de oposición- la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, ingresado a inicios de junio por el Ministerio de Educación.
La iniciativa del Gobierno busca concretar acciones sistemáticas para erradicar y prevenir el acoso, violencia o discriminación al interior de los establecimientos educacionales. Su aprobación permitirá "comenzar a discutir sobre los temas que tiene el proyecto en materia de seguridad, no discriminación, resguardo de derechos, poniéndole un marco institucional a todo el debate sobre la convivencia educativa", sostuvo el timonel de la cartera, Nicolás Cataldo.
Además defendió que "le ofreceremos al país una buena ley de cara a los desafíos que tiene la educación en el futuro".
Sin embargo, diferente fue la visión de los expertos y algunos miembros de la comisión de Educación, quienes aseguraron que el proyecto falla tanto en su redacción como en sus planteamientos, no presenta una solución aplicable ni se hace cargo de los problemas de violencia al interior de las establecimientos educacionales.
En simple el proyecto está compuesto por cuatro ejes, entre los que destacan los nuevos estándares de gestión de la convivencia, los que exigen que cada establecimiento cuente con un encargado de convivencia a tiempo completo; y la creación de un Consejo Escolar.
Consejo Escolar y debilitamiento de autoridades escolares
Una de las medidas que más generó su rechazo fue esta última. A ojos de Acción Educar, el proyecto introduce una forma de "cogobierno" en los establecimientos, lo que vulnera la libertad de enseñanza. Este órgano, compuesto por padres, profesores, asistentes y estudiantes, aseguran, pasaría a tener poder de veto sobre el reglamento interno y el plan de convivencia, lo que debilitaría a los directores y sus equipos.
La directora legal de Acción Educar, Francisca González, manifestó que "es fundamental que este proyecto no coarte la autonomía de los establecimientos educacionales ni imponga un marco normativo rígido que establezca una única manera de abordar los problemas de convivencia escolar. Es crucial que las comunidades puedan enfrentar estos problemas con acciones pertinentes a su propia realidad".
La directora de la Fundación Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, sostuvo que el proyecto "establece una mirada de fiscalización más que en las causas de por qué se generan estas situaciones de mala convivencia", agregando que "al imponer atribuciones a un nuevo Consejo Escolar atenta contra la libertad de enseñanza a todos los establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados".
Por su parte, el jefe de bancada de los diputados republicanos y miembro de la Comisión de Educación, Stephan Schubert, indicó que este consejo encargado de la convivencia "va a ser un órgano resolutivo donde está representada la comunidad educacional, restándole la capacidad de resolución al rector. Se traspasan esas facultades a un órgano democrático -no técnico- en circunstancias que se requiere de decisión de autoridad y no sola una discusión participativa".
Similar fue la opinión de otro miembro de la comisión, Sergio Bobadilla. Es este caso el diputado UDI manifestó que "no es el camino entregarle facultades resolutivas a los consejos escolares debilitando gravemente la autoridad de los directores (...) Es un proyecto que cree que con mayor democracia se resuelven los graves problemas de violencia en los establecimientos educacionales".
Obligatoriedad de contar con coordinador de convivencia
Que el proyecto implique la necesidad de que todos los establecimiento cuenten con un coordinador de convivencia de dedicación exclusiva, jornada completa y perfil adecuado, también levantó las alarmas.
Bobadilla sostuvo que la iniciativa "no cuenta con recursos económicos para la contratación de profesionales que se aboquen a generar las condiciones en los colegios para que la violencia sea erradicada", asegurando que es un proyecto "sin recursos económicos para implementarlo".
Desde Acción Educar, por su parte, explicaron que si bien el proyecto busca establecer un nuevo estándar de convivencia, más alto y exigente que el actual, demanda diversas cosas, sin embargo "no incluye recursos nuevos para capacitación y apoyo profesional".
"Se presta para interpretaciones"
La diputada RN, Marcia Raphael, comentó que se reunió con diversas organizaciones, fundaciones, centros de padres, quienes les manifestaron sus dudas respecto al proyecto. "Los proyectos no pueden prestarse para interpretaciones. Este tiene muchos vacíos que deben arreglarse", dijo, asegurando que "mientras desde el ejecutivo señalan que es de una manera, desde las organizaciones señalan que es de otra (...) La ley tiene que ser muy clara".
Por su parte Schubert aseguró que le advirtieron al ministro Cataldo que el proyecto "tiene falencias, él mismo reconocía que habían partes de redacción que no estaban claras y que habría que modificar. Le dijimos que era mejor presentar un proyecto nuevo. Él no quiso hacerlo".
Así sostuvo que "no son simplemente perfeccionismos, sino que la estructura no se ajusta a lo que se necesita. Bastaba con que el Gobierno presentara un proyecto que cumpliera con las necesidades", concluyó.
Urgencia por legislar
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, expresó que "no hay una duda de que este tema es urgente, pero lamentablemente este proyecto no entrega lo que se requiere para poder enfrentar el problema de convivencia que tenemos. Este proyecto debilita la autoridad de los directores, trae nuevas exigencias, pero no acompaña recursos para su financiamiento".
Finalmente Romero comentó que "si bien es necesario y urgente discutir un nuevo proyecto para mejorar la convivencia escolar, este proyecto no entrega ni herramientas ni recursos a los colegios. Aumenta la burocracia y no fortalece la autoridad docente. Este Proyecto está lejos de brindar una solución a los problemas de Convivencia que están viviendo las comunidades educativas e incluso crea nuevos funcionarios públicos. Los padres necesitan un Proyecto que garantice el bienestar de los estudiantes".