Regresó a Chile hace un año desde Francia, acompañada de su marido y sus dos pequeños hijos, con la intención de seguir ejerciendo su profesión, la abogacía, y también terminar su segunda novela.
Su experiencia en el mundo del arbitraje y en derecho internacional, hizo natural su aterrizaje en la dirección ejecutiva de la
Fundación Pro Acceso (a la Información Pública), la entidad que desde 2004 luchó y fue gravitante en la dictación de la ley que permite a todos los ciudadanos acceder a información de todos los organismos públicos. Y desde ahí sigue dando nuevas batallas, en miras a que las personas utilicen esta normativa como una vía para fortalecer su participación en todos los procesos que involucran su vida cotidiana y la democracia.
Mientras, su novela parece estar congelada, ya que como asegura, quizás debiera cambiar de tema y escribir ficción abordando cuestiones de género (se estrenó con éxito de crítica con la
novela “El desvelo” en 2011).
La abogada María José Poblete reconoce que Chile ha experimentado avances en el camino a terminar con el secretismo en el aparato estatal y ejemplos hay muchos. Uno de los más llamativos es que ya no es un misterio conocer los sueldos de los funcionarios públicos, incluidos el Presidente y sus ministros.
Pero también divisa en el horizonte nuevos temas que pueden entrar en colisión con derechos consagrados como la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Uno de estos es el derecho al olvido, que la Unión Europea es discutido y ha implicado acciones que, entre otros, atañen a Google.
A la hora del balance dice que “antes del 2004 en Chile regía la cultura del secreto, donde se entendía que la información pública era una información privilegiada de la autoridad, a la cual el público no tenía por qué tener acceso y hoy los principios a partir de los cuales se gobierna y se entiende el ejercicio de la autoridad son completamente distintos”.
“Han cambiado los paradigmas”, agrega.
-¿Observan algún cambio significativo en la mentalidad de las instituciones a partir de la ley o sigue habiendo una respuesta mecánica de negar la entrega de información?“El cambio es real y evidente cuando se entra a los sitios de internet de las distintas instituciones debido a la transparencia activa que los obliga a exponerla y tenerla a disposición. Ahora, esto no es suficiente y hay ciertos organismos que debieran aumentar esa cantidad de información, pero también hay problemas respecto de cómo se sube para que las personas realmente la puedan utilizar”.
-¿Sería muy aventurado decir que se acabó con la cultura del secretismo en Chile?“Creo que hay ciertos bolsones de secreto que todavía existen y que van a ser más difícil de penetrar, pero en general, la cultura del secreto ha sido bastante superada en esta década”.
-¿Se corrió todo el velo?
“No, creo que el velo entero no se va a correr nunca, siempre van a haber tensiones. La ley contempla excepciones y es muy raro que no hayan derechos que no se tengan que articular con otros, hay zonas donde estos derechos se deben arbitrar y esto no es la excepción. Hoy no hay ninguna autoridad que pueda decir que ‘esto es privado’”.
-Esta ley buscó darle mayor estabilidad a la democracia y una mayor fiscalización de las autoridades. ¿Crees que la sociedad percibe eso?“Es difícil hablar de ello en forma general. Si el país se detuviera a estudiar sobre el estado de la transparencia –ejercicio que no se hace- se darían cuenta que el acceso a la información es infinitamente mayor que hace 10 años. Hay un cambio notorio en que se relaciona la ciudadanía con la autoridad, pero hay grupos específicos que están conscientes de eso.
“Ha sido una herramienta fundamental para fiscalizar el poder; éste se hace más vulnerable y eso es muy revolucionario. Ahora hay que avanzar hacia que haya una participación real de la ciudadanía y que la rendición de cuentas de la autoridad la considere efectivamente”.
-Una de las polémicas más notorias fue el acceso a los mails de los funcionarios públicos (memoria digital) y la resolución no los dejó satisfechos.“No, lejos de eso. Lo que ocurrió allí fue lamentable; estuvo bien que se generara un debate, pero el fallo del Tribunal Constitucional fue un retroceso grande en el reconocimiento del acceso a la información; hay en él declaraciones como que el derecho de acceso a la información pública no es un derecho fundamental y por eso, el debate debe seguir en pie y se debe insistir en las modificaciones a la ley y a la Constitución que están pendientes en el Congreso y en donde no se someta a los correos a ninguna excepción suplementaria a la que está en la ley”.
María José apunta a la necesidad de que la Carta Fundamental reconozca el derecho del acceso a la información pública porque sin éste no hay derecho a la libertad de expresión. “Esto son pilares y estándares fundamentales en una democracia”, dice.
-La ley del lobby debiera caminar de la mano con la de acceso a la información, pero ya ha habido casos donde ello no ocurre. La Presidencia negó hace dos años el listado de visitas a La Moneda y Cerro Castillo y eso bloquea información fundamental.“Estas son aristas de las diferentes formas de cómo se entiende el ejercicio de la autoridad y el rol de la ciudadanía. La ley del lobby pudo haber ido mucho más allá y no fue, pudo tener un poco más de dientes y no los tiene. El Consejo de Transparencia se ve involucrado en la ley del lobby pero, de verdad, no tiene atribuciones para fiscalizarla”.
-Bueno, difícil que estas leyes vayan más allá si los incumbentes (parlamentarios) son los afectados.(Se ríe) “Esa es la importancia de cambiar los paradigmas. El hecho de que aparezcan nuevos actores y que la ciudadanía tenga presencia, hace primar la lógica de que tienen que salir del secretismo. ¿Por qué tenían que salir del secretismo? Porque vino la sociedad civil, Proacceso y otras organizaciones que les hicieron presente que ya no podían seguir haciendo las cosas de esa manera. Se pudo haber hecho mucho más, pero lo que ya se hizo es relevante de todas maneras”.
Hoy, en Europa, está en plena discusión el “derecho al olvido”, es decir, la posibilidad de que internet no arroje información de las personas, cuando éstas no quieren ser encontrados en la web. Un reciente fallo comunitario ha consagrado ese derecho obligando a Google, uno de los principales buscadores del mundo, a establecer un procedimiento ante peticiones individuales que se le presenten. El debate fue álgido, porque muchos consideran que con esto se vulnera la libertad de expresión (muchas de esas informaciones están contenidas en noticias publicadas online).
-¿Crees que en Chile se puede dar una colisión entre este nuevo derecho y otros como acceso a la información?
“Este es un tema interesante; nuevamente estamos en esa zona de límites donde se articulan derechos que pueden verse contradictorios. ¿Cómo se soluciona? Caso a caso”.
-¿Es un retroceso?“No lo creo. Aquí los grandes temas que se articulan son el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa frente al derecho a la vida privada y protección de datos personales. Hay que ver hasta dónde se ejerce censura si se exige que se saque de la web información de una persona, cuando esa información es pública y puede implicar a una persona pública o que postular a un cargo de elección popular. No es nueva esta discusión, pero en este caso se genera a partir de la nueva plataforma que es internet.
-¿Hay que legislar sobre derecho al olvido? “En la ley chilena de protección de datos personales, dictada el 2012, se abordan estos casos, pero nuevamente hay un problema de institucionalidad, porque no hay ningún organismo que se encargue de velar de su cumplimiento y resuelva. Y por ello ya hay proyectos de reforma a la misma”.
