WASHINGTON.- El sindicalismo y los sectores empresariales estadounidenses subrayaron sus diferencias en vísperas del inicio de las conversaciones para un Tratado de Libre Comercio con Chile.
David Smith, de la federación norteamericana del trabajo AFL-CIO, expresó en un comunicado que "los asuntos laborales y ambientales deben ser parte central del acuerdo. No cederemos ante eso".
La Asociación Nacional de Manufactureros, a través de Frank Vargos, dijo que el acuerdo paralelo de Canadá y Chile contiene elementos que pudieran guiar un posible entendimiento con Washington.
La embajada chilena en la capital estadounidense informó que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, llegará mañana o el jueves para lo que se ha descrito como "un análisis de la forma en que Chile espera alcanzar sus prioridades políticas y económicas".
El presidente Bill Clinton ha negociado las bases del acuerdo de incorporación de Chile al TLC, pero el término de su gestión en la Casa Blanca dificulta la concreción del tratado.
La negociadora comercial Charlene Barshefsky expresó en un almuerzo de año nuevo que estaba lista para trabajar con Muñoz, señalando que "hemos tenido progresos, pero esto tomará tiempo".
El diario The Washington Post afirmó hoy que "la única forma en que el nuevo presidente George W. Bush puede superar las dificultades es respondiendo a las legítimas preocupaciones laborales y ambientales. De hacerlo, podría movilizar a suficientes demócratas como para conseguir la mayoría legislativa necesaria en asuntos comerciales".
Bush deberá decidir sobre la cuestión antes del 22 de abril cuando se reúna en Quebec con los demás presidentes americanos en la tercera cumbre hemisférica.
En discusiones previas, Clinton no logró el mandato legislativo de "fast track" para negociar la creación de un Area de Libre Comercio, quedando atrapado por las garantías exigidas por los empresarios y las demandas del sindicalismo y las entidades medioambientales.
El acuerdo de Ottawa y Santiago señala que se establecerá reglas labores y ambientales, así como un sistema de arbitraje para resolver las diferencias. Si alguna de las partes no cumpliera los fallos, se le aplicarían sanciones pecuniarias, pero no comerciales.
