SANTIAGO.- Una cada vez más notoria incertidumbre subsiste en los productores pisqueros chilenos y en los parlamentarios acerca de cuándo el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley que modifica la actual legislación de Alcoholes, para dar cumplimiento al fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
A pesar de que la iniciativa está redactada desde hace un mes, el Ejecutivo ha intentado un acuerdo de última hora dentro del sector político que asegure su aprobación. Incluso para este miércoles se espera una reunión-almuerzo en Valparaíso, en la que las autoridades -junto con los parlamentarios de la Concertación- intentarán destrabar la iniciativa.
El diputado por Coquimbo Patricio Walker (DC) confía en que el Gobierno ingresará esta semana el proyecto, y también espera que con ello el 21 de marzo próximo esté aprobado el texto legal que modifica la actual ley. Sin embargo, dijo que existe una "demora preocupante" por parte del Gobierno que sin duda inquieta a los parlamentarios de las zonas pisqueras.
No obstante, Walker justificó esta tardanza señalando que tiene sentido en el caso en que el Gobierno cumpla con el acuerdo original al que se llegó con los parlamentarios de la IV Región, en el sentido de suspender por dos años la entrada en vigencia de la nueva Ley de Alcoholes y establecer una brecha de 3 puntos entre el impuesto al pisco (27%) y al whisky (30%).
"Sobre esa base no debiéramos tener mayores problemas y seríamos capaces de tramitarlo con mucha rapidez en sesiones especiales de la Comisión de Hacienda", dijo el legislador oficialista.
En caso de no respetarse el acuerdo, Walker prevé que el proyecto no tendrá una tramitación muy expedita e incluso podría fracasar.
"Si no se respeta el acuerdo, naturalmente que van a ver problemas de tramitación. Por lo menos yo hablo como parlamentario de la IV Región: no vamos a aprobar un acuerdo que sea distinto a lo que se acordó con el Gobierno. En ese sentido, si se cumple el acuerdo, va a pasar como un tubo, pero si no se cumple, naturalmente que van a ver problemas y está en riesgo que Chile cumplan con el fallo de la OMC en los tiempos preestablecidos", añadió.
¿De no cumplirse con el plazo estipulado por la OMC, se dañaría la imagen de Chile?
- Naturalmente. Nosotros pensamos que Chile debe cumplir con el plazo de la OMC y en ese sentido el Gobierno tiene una gran obligación que es honrar lo pactado con los parlamentarios de la IV Región y sobre esa base nosotros no tendremos ningún problema de tramitarlo con rapidez sin ningún riesgo de represalias en contra de nuestro país.
Incluso, dijo, tal situación podría complicar las negociaciones que Chile inició con la Unión Europea con miras a un acuerdo de libre comercio.
La disputa entre la UE y Chile se inició en diciembre de 1997, cuando el bloque comunitario denunció, a solicitud de destiladores británicos, a nuestro país ante la OMC por aplicar una legislación impositiva que discriminaba a los licores importados, en especial al whisky, favoreciendo con ello la producción local de pisco.
La comisión de arbitraje y el tribunal de apelación de la OMC dictaminaron, primero en junio de 1999 y después en diciembre de ese mismo año, que la legislación chilena sobre la materia no se ajustaba a las normas multilaterales de comercio y a las directrices de la OMC.
Chile aceptó el fallo, aunque solicitó un plazo prudencial para su cumplimiento, ya que ello implicaba un nuevo cambio a la Ley de Alcoholes. Ya en 1997 nuestro régimen impositivo en materia de alcoholes experimentó innovaciones, las que tampoco fueron del agrado de la UE en dicha oportunidad.
El plazo dado por la OMC, que es final y vence el 21 de marzo de 2001, obliga a Chile a reformular su Ley de Alcoholes. Sin embargo, el envío del proyecto de Ley al Congreso ha sido persistentemente postergado por el Ejecutivo, a la espera de lograr acuerdos con los productores de pisco, por una parte, y con la UE, por la otra. Al parecer, existiría acuerdo con los primeros en el sentido de mantener la actual tasa impositiva al pisco en 27% y otra de 30% o algo más para los licores importados de mayor graduación alcohólica.
El problema que se presenta es determinar en qué lapso se aplicaría esta reducción y si en definitiva los impuestos se igualarán, eliminando la diferencia que existe entre el pisco y el whisky. Por ello, el Ejecutivo ha negociado varias alternativas con la UE, dado que uno de los escollos que ha planteado el bloque comunitario se relaciona justamente con el plazo para la convergencia tributaria entre licores nacionales e importados.
