BUENOS AIRES.- El presidente Fernando de la Rúa ratificó hoy en su cargo al controversial titular del Banco Central, Pedro Pou, y pidió que "cesen las versiones no comprobadas" sobre complicidad o negligencia en operaciones de lavado de dinero, dirigidas en las últimas semanas contra ese funcionario.
La decisión de De la Rúa parece destinada a generar otra crisis dentro de su coalición Alianza, que ayer había pedido el relevo de Pou. El Presidente, evidentemente, dio mayor importancia a la presión de los sectores bancarios y financieros, que respaldaron al presidente del Banco Central.
"El país está saliendo adelante y no puede manejarse por versiones sino por hechos", declaró De la Rúa a periodistas en la Casa de Gobierno. Agregó que Pou "sigue en funciones. El gobierno respeta la autonomía y la independencia del Banco Central".
Ayer la Asociación de Bancos le había advertido por los efectos "negativos sobre la reactivación económica" de esas denuncias contra Pou. Pero simultáneamente, legisladores que impulsan la investigación reclamaban que se fuera a fondo en el espinoso tema.
Pou fue acusado de negligencia o encubrimiento ante presuntas maniobras de lavado de dinero en que estarían involucrados bancos locales, denunciadas dentro y fuera de la Argentina.
Pou, un economista de ideas conservadoras designado por el anterior presidente peronista Carlos Menem, fue defendido por los bancos, los mercados y los sectores de derecha. Pero la propia coalición oficialista Alianza reclama su relevo y ya puso en marcha en el Congreso el mecanismo legal con ese fin.
Anoche los dirigentes de la Asociación de Bancos se reunieron con De la Rúa y luego emitieron un comunicado expresando su "preocupación" por el tratamiento que está teniendo el tema del lavado de dinero.
"De continuar el clima de sospecha generalizada, se puede afectar la recuperación económica del país", dijo el comunicado.
La principal impulsora de las investigaciones, diputada Elisa Carrió, de la Unión Cívica Radical (UCR) de De la Rúa pero enfrentada con el gobierno, declaró hoy a emisoras locales que "yo no digo que Pou se vaya, yo digo que es un delincuente y lo voy a probar".
La legisladora, que se entrevistó en Washington con el senador demócrata Carl Levin, que preside el subcomité sobre lavado de dinero del Senado norteamericano, acusó a "sectores del sistema bancario argentino de tener un comportamiento cuasi mafioso. Dicen: no investiguen al Estado mafioso, ni a la corrupción, no investiguen nada porque sino, nosotros podemos retirar capitales".
Carrió advirtió "a los sectores involucrados en estas maniobras de encubrimiento que no nos provoquen, que no hagan operativos a favor de la impunidad, porque sino comenzaremos a dar nombres. Si es posible que el pueblo marche por la verdad, va a marchar".
La diputada había anticipado que a fines de este mes se conocerá un informe del subcomité senatorial norteamericano, con graves cargos por lavado de dinero a banqueros y políticos argentinos. Dijo también que en ese informe se involucra en esas operaciones ilegales a dos bancos locales, ya disueltos, ligados al banquero Raúl Moneta.
Carrió y otros legisladores acusan a Pou de haber brindado informes falsos al Congreso sobre dichos bancos, negando que hubiese pruebas de lavado de dinero, cuando esas evidencias realmente existían en el Banco Central.
Otro legislador que colabora con la investigación de Carrió, el diputado Gustavo Gutiérrez, del partido Demócrata de la provincia de Mendoza, dijo hoy que el gobierno de De la Rúa ``actúa con temor en la cuestión del lavado de dinero y le tiene miedo a la repercusión internacional".
