TOKIO.- Una serie de medidas de urgencia destinadas a frenar la degradación de la economía japonesa, propuso este viernes la coalición de gobierno nipona.
El plan, promovido con prudencia por el propio gobierno y acogido sin ilusión por los analistas, incluye incentivos fiscales para estimular los mercados más deprimidos como el bursátil e inmobiliario, aunque también contempla medidas controvertidas, como la creación de una estructura de compra de participaciones cruzadas de bancos.
Por otra parte, la mayoría gubernamental continúa batiéndose con el Banco de Japón para que actúe "en armonía con la política económica del gobierno", en particular mediante una política monetaria más flexible.
Las medidas deberán ser analizadas por el gobierno, pero su aplicación podría verse retrasada debido a la incertidumbre de una eventual dimisión del primer ministro, Yoshiro Mori, prevista para las próximas semanas.
"Hemos propuesto ese plan de medidas de urgencia tras haber estimado que sería muy difícil encarrilar la economía por la vía de un crecimiento estable, con la ayuda de un sólo presupuesto establecido para el año fiscal", que se inicia en abril, explicó el responsable de la estrategia política en el PLD, Shizuka Kamei.
Agregó que "a partir de ahora la prioridad debe ser la aplicación de medidas económicas draconianas que tengan en cuenta las tensiones deflacionistas y la política monetaria flexible, al mismo tiempo que resuelven los impagos de créditos mediante reformas agresivas".
Si bien dicha mayoría ya no pide la inyección de nuevos fondos públicos en la economía, que ya ha absorbido más de 100 billones de yenes (unos US$ 820 millones) en la última década, lo que sí exige es una reducción de la imposición sobre las plusvalías obtenidas por la venta o la compra de terrenos para relanzar el mercado inmobiliario, cuyos precios bajan sin cesar desde el estallido de la burbuja especulativa de los años 80.
Luego que la bolsa de Japón, cayera el 2 de marzo pasado a su peor nivel de los últimos 15 años, los partidos políticos mayoritarios piden un paquete de incentivos fiscales para los pequeños accionistas, cuya confianza está por los suelos, así como para los inversionistas institucionales.
Los promotores del plan no han precisado el modo de gestión de esa estructura, que funcionaría con la participación de bancos privados. Pero su creación fue acogida con escepticismo por el ministro delegado para la política económica, Taro Aso, para quien el plan "será difícil de aplicar".
