LIMA.- El alcalde de Lima, Alberto Andrade, reiteró hoy su invocación a los peruanos para no consumir productos de la fábrica chilena de fideos Lucchetti, la que construyó una planta en una zona ecológica de Lima gracias aparentemente a la ilícita ayuda del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Andrade, un férreo adversario de la construcción de la planta, dijo que tal boicot no debe ser hecho sólo por los consumidores a título personal, sino también por tiendas y supermercados.
El asesor legal de la Municipalidad de Lima, Ernesto Blume, dijo hoy entretanto que trabaja en la formación del equipo de abogados que pedirá reiniciar el caso, mientras que una organización ecologista, Alternativa Verde, interpuso las primeras acciones judiciales al respecto.
El polémico caso Lucchetti se reactivó desde que la semana pasada fuera divulgado un "vladivideo" que confirmó lo que hasta entonces fue una generalizada sospecha, en el sentido de que la empresa se alió con Montesinos para lograr fallos favorables.
En el "vladivideo", Montesinos conversa con el entonces gerente de Lucchetti, el chileno Gonzalo Menéndez, quien lo estimula para que tome medidas que hundan a Andrade, un acérrimo enemigo del régimen fujimorista. El asesor pide entonces que llamen al juez encargado para instruirlo sobre lo que debe "decidir" a favor de la empresa.
Gracias a ese triunfo judicial, Lucchetti pudo construir su planta en los Pantanos de Villa, la última reserva ecológica que le queda a Lima, lo que ha causado un fuerte impacto ambiental y ha malogrado, entre otras cosas, lo que era un paso imprescindible de las aves migratorias americanas.
Diversos sectores han respaldado la iniciativa de la Municipalidad de exigir el reinicio del caso. La presidenta de la Comisión de Ambiente del Congreso, Cecilia Martínez del Solar, pidió hoy que se forme también una célula parlamentaria que trabaje con ese objetivo.
Alternativa Verde denunció hoy penalmente a Montesinos, Menéndez, el publicista argentino Daniel Borobio (que también aparece en el "vladivideo") y los jueces Percy Escobar y Víctor Martínez Candelo, por supuestos concusión, cohecho, asociación para delinquir y tráfico de influencias.
El no consumo de los productos de Lucchetti fue promovido después de que se aprobara la construcción de la planta, en 1999, pero la empresa lo contrarrestó bajando los precios y ofreciendo regalos adicionales que atraían a las familias más pobres.
Para juristas peruanos, Menéndez y posiblemente otros ejecutivos chilenos han caído en la figura delictiva del tráfico de influencias, aún si fuera cierto que, como aseguran, no entregaron dinero a cambio de la intervención de Montesinos, quien tenía controlado al Poder Judicial.
