LIMA.- Un fiscal peruano anticorrupción presentó demanda penal contra Andrónico Luksic Craig, accionista de la empresa chilena Lucchetti, y el ex gerente general de ésta, el también chileno Gonzalo Menéndez, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias, informaron el martes fuentes judiciales en Lima.
La demanda del fiscal César Sotomayor, presentada en la víspera, incluye al ex asesor y prófugo de la justicia peruana, Vladimiro Montesinos, con quien los ejecutivos chilenos se reunieron para pedirle su intervención en el litigio que mantenía con la Municipalidad de Lima, que prohibió la construcción de una fábrica de Lucchetti en una zona protegida de la capital peruana.
El fiscal ha solicitado al juez Jorge Barreto que emita una orden internacional de arresto contra aquellos, además del ex vice ministro del Interior, Edgard Solís, y el publicista argentino Daniel Borobbio, participantes en esa gestión de los representantes de Lucchetti en 1998.
En un video grabado por Montensinos en un local del Servicio de Inteligencia Nacional, donde recibió a Luksic, Menéndez y Borobbio, se puede ver al ex asesor negociar con ellos la forma de lograr una sentencia a favor, por parte de los jueces Percy Escobar Lino y Raúl Martínez Candela, a cargo de la causa.
En esa reunión se escucha a Menéndez decirle a Montesinos "si hay que gastar millones, los vamos a gastar".
El video fue difundido meses atrás en el Congreso peruano tras recibirlo del Ministerio Público.
La fábrica Lucchetti empezó a ser construida a mediados de 1997, y la autorización judicial definitiva se dio al año siguiente luego de que las obras permanecieran paralizadas durante casi seis meses.
La decisión de una sala de la Corte Suprema de Justicia que autorizó la construcción fue considerada por la municipalidad limeña como un acto irregular de la justicia.
La resolución judicial favorable a Lucchetti habría sido emitida, de acuerdo a la información del abogado edil Ernesto Blume, sin trámite previo y sin dar parte a todas las partes interesadas, síntoma de las presiones que recibieron los jueces, confirmadas por el 'vladivideo'.
