VALPARAISO.- La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de protección que pretendían declarar nulo el acuerdo que hace cuatro meses adoptó la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema, que aprobó la ampliación de la central termoeléctrica Nehuenco.
Los recurrentes acudieron a la Corte de Apelaciones al estimar que la decisión de Corema, que dio su visto bueno al estudio de impacto ambiental para la instalación de dos nuevas turbinas, era un acto arbitrario, ilegal y que les privaba del derecho de vivir en un medio libre de contaminación.
El 5 de marzo último la Corema aprobó dicho estudio por 13 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
Junto con no dar lugar a los recursos de protección, en un fallo que contó con la votación unánime de los ministros Gonzalo Morales, Patricio Martínez y Mónica González, el tribunal determinó que los recurrentes deberán pagar las costas del recurso.
El primer recurso de protección fue interpuesto por el diputado Alfonso Vargas, el médico Santiago Matta y la concejala de Quillota Gerli Peringer Massmann.
Posteriormente se sumó otro, presentado por María Mercedes Guerra Ibarra, quien fundamentó su recurso en la supuesta ilegalidad que habría cometido el intendente Raúl Allard, al formular declaraciones previas - por la prensa- en favor de la aprobación del estudio de impacto ambiental, lo que fue interpretado por ella como un acto intimidatorio en contra del resto de la comisión.
Hizo notar que de los 21 miembros, 17 eran designados por el Presidente de la República; en consecuencia eran funcionarios públicos dependientes del intendente.
En su fallo, la Corte de Apelaciones tomó en cuenta el sistema regulado por etapas que contempla la ley para la aprobación de un estudio de impacto ambiental, donde destacan los informes técnicos y científicos que se solicitan a diversos organismos antes de llegar a la parte deliberativa, donde la comisión resuelve mediante votación.
Respecto de las supuestas irregularidades en la votación y los prejuicios del intendente, el tribunal concluyó en que tal comportamiento no era objetable en un organismo deliberante, donde los acuerdos se toman en votación.
"Resulta lógico tratar de convencer que su opinión es la mejor y tratar de que los demás sigan tal criterio", aduce.
