SANTIAGO.- Tal como lo denunció hace un par de semanas atrás iconstruye.com, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene este año una deuda superior a los $ 14 mil millones con proveedores y contratistas.
Esta irregular situación fue ahora denunciada por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Rodrigo Alvarez y Víctor Pérez, quienes aseguraron que el MOP ha solucionado sólo en parte el retraso de los pagos, que van desde diciembre 2000 a julio de este año, a través de la entrega de cartas de intención que los agentes pueden mostrar a los bancos comerciales para asegurar el financiamiento de sus operaciones.
Sin embargo, los parlamentarios dijeron que el retardo en los pagos sigue afectando fuertemente a las empresas del sector. "Hace cuatro semanas exigimos al Ministerio un pronunciamiento sobre las razones de su cartera para incurrir en masivos retrasos, y en el tiempo transcurrido éste ha mantenido un silencio total", aseguraron.
Compromisos pendientes
El problema no termina ahí. Los diputados agregaron que además el MOP, a través de su Dirección de Vialidad, debe casi 60 mil millones por la "bicicleta" presupuestaria que el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que hacer este año para cumplir compromisos económicos correspondientes al período anterior.
Sin embargo, la cartera desmintió que este problema obedezca a "graves irregularidades", como lo denunciaron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Juan Carlos Latorre, subsecretario de Obras Públicas, plantea que el arrastre que sufre el presupuesto 2001 obedece a cuatro razones concretas cuya solución fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
A su juicio, no hay que olvidar que los tiempos de construcción de las obras públicas superan los períodos presupuestarios, por lo que el concepto de arrastre es de orden administrativo y no una ineficiencia, sin considerar que históricamente el retraso bordea el 75% del presupuesto total.
En este contexto, agrega, el presupuesto de $245 mil millones asignado este año a Vialidad enfrenta compromisos pendientes por $59 mil millones.
Una causa del problema es el alza del dólar y del petróleo, que incide en el costo de las obras porque el MOP está obligado a actualizar sus pagos a los contratistas a través de un polinomio que considera ambas variables. Por ello Vialidad enfrentó en 2000 un sobrecosto de $12 mil millones, a los que este año se han sumado $5 mil millones.
El combate al desempleo, con obras intensivas en mano de obra, también impactó las arcas de Vialidad. Según Latorre, entre agosto y diciembre de 2000 - con cargo a los fondos de este año- se destinaron $20 mil 500 millones a crear poco más de 8 mil trabajos.
Una tercera fuente de desequilibrio tiene que ver con los temporales que han afectado a distintas regiones del país. La destrucción de puentes y caminos, así como otras obras de infraestructura significaron en 2000 un desembolso de $22 mil 141 millones, de los cuales $19 mil 540 millones fueron "arrastrados" al presupuesto 2001. "Sin embargo,- agrega el subsecretario-, este año se añadieron otros $5 mil millones por los efectos del invierno altiplánico en Tarapacá y Antofagasta".
Latorre también menciona la menor recaudación en las plazas de peaje estatales como otra fuente de desfinanciamento, ya que se dejaron de percibir mil 900 millones de pesos. "El presupuesto de inversión de la Dirección de Vialidad del año 2001 fue comprometido por todas estas causas en aproximadamente $59 mil millones", concluye.
Aporte de Hacienda
Para enfrentar el problema, Obras Públicas obtuvo del Ministerio de Hacienda un aporte de $66 mil millones para proyectos que se ejecutarán en 2001 pero se pagarán en 2002.
Antes, sin embargo, fue necesario modificar el reglamento de contratos de obras públicas, de modo que la cartera pudiese cancelar los montos diferidos con intereses. Ello se logró con la correspondiente toma de razón de Contraloría y el acuerdo de la Cámara Chilena de la Construcción.
Latorre señala que esta disposición se aplica en forma "excepcional", resguardada además por estrictos criterios de Hacienda, por lo que en los cuestionamientos de la UDI "hay supuestos que sólo pueden tener origen en la mala fe de algunas personas".
Este año la cuestionada fórmula ha sido acordada con 29 empresas contratistas, cuyo solvencia les permite enfrentar sin problemas la dilatación de los pagos.
