SANTIAGO.- La empresa chilena Lucchetti anunció este martes que también seguirá una vía no judicial para enfrentar procesos en Perú por un supuesto tráfico de influencias para conseguir la instalación de una fábrica de fideos en una reserva ecológica de Lima.
"Nosotros vamos a recurrir eventualmente a un arbitraje internacional" para resolver el pleito, dijo el gerente de operaciones de la compañía, Ricardo Figueroa.
Figueroa, que habló ante la prensa mientras asistía a una conferencia sobre temas económicos en Santiago, no entró en precisiones sobre el trámite paralelo a los recursos ante la justicia peruana.
Una anterior versión de portavoces de Lucchetti había indicado en Santiago que el arbitraje podría quedar radicado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que tiene sedes en las ciudades estadounidenses de Nueva York y Washington.
El lunes, el juez peruano Jorge Barreto, de la Sala Superior anticorrupción, formalizó en Lima el procesamiento en ausencia de los empresarios chilenos Andrónico Luksic Craig, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco, a quienes se acusa de pagar 3,5 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, el ahora arrestado jefe de inteligencia del ex Presidente Alberto Fujimori, para conseguir una resolución favorable a la construcción de la fábrica en el área de Los Pantanos de Villa.
El funcionamiento de la industria fue aceptado finalmente por instancias judiciales limeñas que no acogieron inpugnaciones de la alcaldía local y activistas ambientalistas.
En su resolución del lunes, el juez Barreto dispuso un embargo preventivo de bienes de los tres empresarios chilenos, por un total de casi 86.000 dólares, que si no son proporcionados personalmente deberán ser cubiertos por Lucchetti-Perú, empresa que inició sus operaciones productivas hace dos años en Lima.
La filial peruana de la empresa chilena enfrenta además una demanda administrativa del municipio de Lima para desmontar sus instalaciones en Los Pantanos de Villa y trasladar la fábrica a otro lugar.
Según versiones de los abogados de Lucchetti en Santiago y Lima, la empresa enfrentará la acusación de tráfico de influencias con un alegato que buscará demostrar que los inversores chilenos fueron víctimas de una exigencia de Montesinos.
