BUENOS AIRES.- El gobierno argentino parecía encaminado este lunes a convocar a un plebiscito general para el próximo 18 de noviembre, con el fin de votar una trascendental reforma política que asegure una mayor gobernabilidad.
Estos son los puntos centrales de la consulta ciudadana:
1.- Será una consulta popular no vinculante (es decir, convocada por el Poder Ejecutivo, con voto voluntario y sin mandato al Congreso).
2.- La fecha tentativa es el 18 de noviembre.
3.- Se le preguntará a los votantes si están de acuerdo o no con la reforma política.
4.- En paralelo, se elaborará un nuevo proyecto de ley de reforma política que seguirá a la consulta en la cual se introducirá una batería de cuestiones, desde la delegación de más funciones a los municipios, la democratización del sindicalismo y la unicameralidad de las legislaturas provinciales que aún sostienen un senado en su presupuesto.
Como existe una norma constitucional que regula esta forma de democracia participativa, el anuncio se haría a mediados de septiembre, para cumplir con el plazo de los 60 días previos al acto.
Anoche en la Residencia de Olivos, parecían despuntar varias polémicas que animarán la campaña en favor del plebiscito, que De la Rúa ha mostrado a los suyos como más importante que el comicio del 14 de octubre. La idea que maneja el Presidente es imponer un debate sobre la calidad de la política como forma de eludir el dictamen negativo que espera en la elección de los diputados.
Dicho más crudamente, la estrategia que expuso el Presidente dice: "Si somos víctimas de la política, acusemos entonces a la política. Esto incluye la campaña de encuestas para mostrar la necesidad de reformar el sistema y la idea de que lo que importan son, por caso, más las bancas que se obtengan que los votos que saque cada partido". Eso sostiene el optimismo de Olivos sobre la elección en el Senado, donde, por la física misma de los comicios, la Alianza sacará más senadores que los que hoy tiene (aunque pierda en los votos); y el PJ, menos de los que hoy tenga (aunque gane en el número de sufragios).
Una de las polémicas es sobre si hacer una pregunta o trasladarle al votante un pliego de cuestiones. El vicejefe del Gabinete, el cavallista Armando Caro Figueroa, por ejemplo, imagina incluir cerca de 20 preguntas. Quienes estaban el domingo en Olivos parecen preferir apenas una pregunta a responder por sí o por no.
La reglamentación de la consulta popular exige que, para ser válida, vote por lo menos 35% del padrón de inscritos, por lo cual la Casa Rosada busca que la participación resulte mucho mayor para convertirlo en virtual respaldo a la gestión de De la Rúa.
Una manifestación que se produciría un mes después de la elección de renovación legislativa del 14 de octubre, donde, en algunos casos, aun ganando la Alianza, los protagonistas son críticos del gobierno. La consulta popular, para buscar respaldo a la reforma política, fue anticipada por De la Rúa el 1 de marzo pasado, cuando pronunció su mensaje ante la asamblea legislativa. La idea se potenció no hace mucho, durante una reunión que mantuvo el Presidente, junto con Colombo y Nicolás Gallo, con un grupo de intelectuales, entre los que se encontraba Marcos Aguinis, quienes empujaron a De la Rúa a acometer la reforma.
En la pregunta de la consulta popular se pondrá el acento en el financiamiento de los partidos políticos -el costo de la política-, una de las razones por las que el proyecto de Federico Storani, en sus tiempos de ministro del Interior, quedó varado en el Senado. Un proyecto que, en su momento, mereció el respaldo del peronista porteño Carlos Corach y que tuvo despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales que preside otro peronista, el riojano Jorge Yoma. Y que no prosperó en su tratamiento, porque se estimaba que era muy severo con los aportes económicos privados, por lo que "los únicos que van a poder hacer política son los vinculados al gobierno", señaló en aquella oportunidad un encumbrado senador.
Otro aspecto que se ventilará está más referido a lo que ocurre en provincias, y donde el gobierno, por respeto al sistema federal de gobierno y a las autonomías, es poco lo que puede hacer. Es el relacionado con el costo que implica el funcionamiento de sistemas bicamerales legislativos. Es decir, la existencia de cámaras de Diputados y Senadores provinciales. La idea es copiar lo resuelto en Córdoba, con la eliminación del Senado. Otra polémica que se plantea es si la pregunta debe hacerse sobre el sí o
el no a la reforma "política" o incluir también la reforma "sindical".
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, es partidaria de que se incluya la democratización en las filas del sindicalismo. Una propuesta que seguramente tendrá una respuesta airada de los líderes gremiales, pero que servirá al gobierno para comenzar a ceñir a los sindicalistas y sacar del campo la impresión de que el resultado será una obviedad.
