VALPARAISO.- El Gobierno acogió una serie de sugerencias para restringir e imponer mayores resguardos a la utilización de la firma electrónica en las transacciones comerciales privadas, reservando la suscripción de este tipo de contratos a la mediación de prestadores certificados ante la autoridad económica, en el marco del proyecto que se estudia en la comisión de Constitución del Senado sobre certificación de la firma electrónica.
El presidente de esta instancia, senador Sergio Diez (RN), explicó hoy que el proyecto original del Ejecutivo regulaba la firma electrónica tanto para los casos en que ésta era certificada por un prestador acreditado, como la firma electrónica simple.
No obstante, el Gobierno decidió concentrar el proyecto fundamentalmente en la modalidad certificada por un prestador acreditado, dejando la firma electrónica simple entregada a las reglas que convengan las partes.
Se entenderá por prestador acreditado toda persona natural o jurídica que esté debidamente inscrita y habilitada ante la autoridad reguladora que, en este caso, será la Subsecretaría de Economía.
El legislador de derecha agregó que la comisión resolvió establecer el carácter de instrumento público a los documentos privados suscritos mediante firma electrónica avanzada.
"Esto permite, en el ámbito de los efectos jurídicos, que dichos contratos tengan un mayor valor probatorio incluso que los instrumentos privados que fueran suscritos en papel" aseveró.
La importancia de este cambio radica en que la declaración de instrumento público permite hacer fe de la fecha de suscripción, del hecho de haber sido emitido por las partes y de que el instrumento en cuestión consigna las declaraciones que allí aparecen estampadas, en circunstancias que el instrumento privado no hace fe de nada si no es reconocido expresamente por las partes.
De acuerdo a lo expresado por el senador Diez, "al dársele al instrumento privado emitido por instrumento electrónico, la validez y los efectos del instrumento público, se dará fe de todos los elementos que la legislación exige para hacer completamente segura una transacción económica, comercial o de cualquier otro tipo".
Asimismo, otro cambio introducido por la comisión se centra en la necesidad de ampliar la aplicación de la firma electrónica no sólo a los órganos de la administración del Estado, como proponía el proyecto original, sino que a todos los órganos del Estado, lo que incluye al Congreso Nacional, Poder Judicial, Banco Central y Tribunal Constitucional.
El senador Diez adelantó que "para ello, se encargó al Ejecutivo una redacción de las reglas que hasta ahora están previstas sólo para los servicios de la administración sean extensivas a estos otros organismos".
