SANTIAGO.- La Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP) denunció hoy abusos de poder y prácticas desleales por parte de la mayor cadena supermercadista del país, Distribución y Servicio (D&S).
El presidente de la entidad, Vasco Costa, afirmó que aprovechando su poder de compra -que alcanza a 28,92%% de las ventas totales del sector supermercadista a octubre de 2001- la compañía, que maneja Líder, Ekono y Almac, obliga a los industriales a vender bajo su costo y así subsidiar las promociones a público.
"A los que no aceptan las condiciones de la cadena se les impide vender sus mercaderías en los locales de D&S o se los elimina de las góndolas", acusó Costa.
Por ejemplo, D&S inició una promoción de 30% de descuento en algunos productos, rebaja que es absolutamente absorbida por los proveedores, aseguró.
Incluso, la empresa ligada a la familia Ibáñez, incluyó a las empresas Carozzi y Nestlé en uno de sus catálogos que exhibían rebajas de 30% sin previa consulta. Las compañías rechazaron participar en la campaña, lo que suscitó, en el caso de la firma de la familia Bofil, el retiro obligado de todos sus productos de los puntos de venta de D&S por un mes; mientras que para Nestlé generó la emigración de todos sus chocolates desde las góndolas de Megamercados Líder.
La cadena de origen galo Carrefour reaccionó y puso en un zapato chino a los proveedores. Les advirtió que "si aparece un producto en un catálogo de la competencia por debajo del costo, cuando este se encuentre en forma paralela en un inserto de Carrefour, el proveedor será multado con 200 unidades de fomento por producto".
Robos
Pero eso no es todo. Ekono promociona en televisión el llamado "precio impacto" de la semana, que es un producto que se vende a valores que oscilan entre 10% y 20% bajo el costo y que es asumido por el proveedor.
"Es un anzuelo para que el consumidor compre en sus locales, que vulnera la librecompetencia", indicó Costa.
Además, la compañía obliga a los productores a hacerse cargo del 100% de la brecha que se genera en los inventarios, lo que incluye responder por pérdidas de mercadería y hurtos, "a pesar de haber recibido conforme la mercadería", dijo Costa.
Si se toma en cuenta que los robos en supermercados en Chile alcanzan a US$ 100 millones anuales, los proveedores de D&S tienen que asumir un costo de alrededor de US$ 30 millones cada año, por una situación de la que no son responsables directos.
Para paliar esta situación los proveedores propusieron a D&S instalar -con costos compartidos- un ship en cada producto que permita detectar hurtos. Sin embargo, la empresa rechazó la iniciativa.
Según Costa, ha sido imposible llegar a un acuerdo con D&S, pese a que los industriales están abiertos a buscar una convivencia comercial.
"La empresa no escucha a nadie", aseveró.
D&S incluso intentó iniciar un sistema de licitación de productos para congelados y cecinas, por medio del cual pretendía llamar a concurso y escoger sólo dos marcas por cada categoría. "Esto tenía el claro objetivo de posicionar su marca propia, pero los proveedores se opusieron", dijo Costa.
Acciones legales
Los proveedores no descartan iniciar acciones legales en contra de la compañía, como querellas criminales o juicios civiles.
De hecho, la AGIP realizó ayer una presentación ante la Comisión Preventiva Central -dependiente de la Comisión Resolutiva- y la solicitó que inicie una investigación.
El año pasado, la entidad gremial hizo una consulta ante el mismo organismo para saber si correspondía estudiar a las cadenas supermercadistas por ventas bajo el costo de producción y por la copia de sus etiquetas y logos en las marcas propias de las cadenas, que aún no recibe respuesta.
