WASHINGTON.- El ex presidente de Enron, Kenneth Lay, se convertirá el martes en la sexta persona que se niega a testificar en la indagatoria del Congreso sobre la mayor bancarrota en la historia de Estados Unidos.
Por ahora, los legisladores rechazan la opción de ofrecer inmunidad a los directivos con objeto de que declaren. "Yo no apoyo la inmunidad", dijo este lunes el senador demócrata Byron Dorgan, quien encabeza una de las investigaciones del Congreso.
"Pienso que esto pone en jaque el posible proceso penal", sostuvo.
La inmunidad "no está ni siquiera en nuestro radar", declaró Ken Johnson, portavoz del representante republicano Billy Tauzin, cuya Comisión de Energía y Comercio investiga también el caso.
Los fiscales que buscan sentencias de culpabilidad para gente que tiene inmunidad legislativa deben probar que su caso no se deriva del testimonio público. Deben también mostrar que los testigos o jurados no tengan conocimiento del testimonio.
La semana pasada, los directivos de Enron aparecieron ante una audiencia del Congreso, con sus manos derechas levantadas, jurando decir la verdad. Luego invocaron la Quinta Enmienda constitucional, que les da derecho a no autoincriminarse, y se negaron a responder preguntas.
La imagen recordó a muchos estadounidenses la imagen transmitida por televisión, a finales de la década de 1980, durante el juicio del teniente coronel Oliver North, por el escándalo Irán-Contras.
Las sentencias de culpabilidad contra North y el consejero en Seguridad Nacional John Poindexter fueron desechadas por los tribunales, preocupados de que los casos penales hubieran sido intolerablemente viciados por los testimonios que los acusados dieron al Congreso bajo promesas de inmunidad.
"Irán-Contras es un caso de estudio en el fracaso", dijo Dorgan en una entrevista telefónica.
Los legisladores no quieren una repetición de esas fallas en el caso de la bancarrota, que significó pérdidas para millones de inversionistas grandes y pequeños, y dejó a miles de trabajadores actuales y retirados de Enron sin sus pensiones de retiro, invertidas en acciones de la compañía.
Los miembros del Congreso insisten en que no buscan interferir con su investigación la pesquisa penal del Departamento de Justicia sobre Enron y sobre su auditor durante muchos años, la firma contable Arthur Andersen.
La Comisión de Bolsa y Valores está buscando una investigación civil sobre Enron y Andersen, que ha reconocido la destrucción masiva de documentos relacionados con Enron por parte de sus empleados.
En el caso de Enron sobresale el hecho de que los senadores y representantes de ambos partidos recibieron por lo menos 700.000 dólares en donaciones de campaña por parte de la compañía.
