BUENOS AIRES.- El Banco Central argentino fue registrado hoy por orden de un juez que lleva adelante una investigación por el presunto delito de defraudación a partir de denuncias de ciudadanos afectados por el "corralito" financiero.
La causa está a cargo del juez de instrucción Mariano Bergés, quien en los últimos días realizó operaciones similares en las sedes centrales de cinco entidades financieras privadas, a cuyos máximos directivos prohibió salir del país en forma preventiva.
Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento en las oficinas del Banco Central (emisor) se llevó a cabo para buscar "detalles del movimiento de dinero" del sistema financiero en los últimos meses.
La investigación que lleva el juez partió de la denuncia de un jubilado que acusó del delito de defraudación al director del banco en el que quedaron congelados sus depósitos.
Bergés convocó públicamente a las personas que se hubieran visto impedidas de sacar su dinero a dar una declaración testimonial, por lo que el radio de la investigación se amplió a otras entidades.
Desde ese llamamiento, lanzado hace diez días, fueron al menos 350 las personas que acudieron al despacho del magistrado para dar su testimonio.
El 19 de febrero pasado, el juez Bergés registró las oficinas de los bancos Sudameris, Boston, Galicia, Scotia y Citi en el marco de la causa por presunta defraudación y al día siguiente prohibió la salida del país de los máximos directivos de esas entidades.
El 6 de diciembre pasado entró en vigor por decreto del Gobierno argentino, que entonces era presidido por Fernando de la Rúa, una serie de medidas conocidas popularmente como el "corralito" que impiden a las personas y empresas disponer libremente del dinero guardado en los bancos.
La mayoría de los damnificados inició acciones legales para lograr un fallo que obligue a los bancos a devolver el dinero.
Pero quienes se presentaron al juez de instrucción Bergés exigen una sanción penal para el caso de que haya directivos de la banca que sean considerados culpables del delito de defraudación, aunque las entidades financieras se amparan en el decreto del Gobierno que dio lugar al "corralito".
El Presidente Eduardo Duhalde, que está al frente del Ejecutivo desde el 1 de enero, ha modificado el "corralito" en algunos casos aliviando las restricciones y en otro reforzándolas, y además ha convertido a pesos tanto los préstamos como los depósitos nominados en dólares.
La Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces son objeto de una investigación parlamentaria con vistas a su destitución mediante un juicio político, ha declarado inconstitucional el "corralito" en un caso determinado de un afectado que planteó recurso, y ello ha abierto la puerta para que millares de personas con su dinero atrapado en los bancos recurran a la justicia con el mismo fin.
