BUENO AIRES.- El Gobierno argentino recibe esta semana a una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analizará la situación económica, con el deseo de avanzar en la firma de un acuerdo de ayuda financiera para salir de la crisis.
Los técnicos del organismo internacional comenzarán a llegar mañana, de forma escalonada, y se quedarán hasta el próximo 17 de abril.
Esa misión tiene el mismo objetivo de otra que se produjo a principios de marzo, consistente en identificar los problemas del país y trazar líneas de acción para resolverlos, de forma previa al eventual desembolso de una ayuda.
El ministro de Economía argentino, Jorge Remes Lenicov, señaló que confía en que el Gobierno alcance a principios de mayo un acuerdo con el FMI y que con esta misión técnica se elaborará "un borrador" que será discutido en la "reunión de primavera" del FMI, prevista para el 20 y 21 de abril.
El Gobierno de Eduardo Duhalde aspira a obtener créditos por unos 9.000 millones de dólares congelados por el organismo en diciembre pasado, cuando Argentina se excedió en el gasto público.
El Presidente ha destacado en varias ocasiones la necesidad de obtener ayuda financiera internacional para superar la crisis económica que se agudizó en los últimos meses y que se prolonga desde 1998.
Con el objetivo de crear las mejores condiciones para alcanzar un acuerdo, el Gobierno pretende modificar algunos puntos de su política económica que el FMI cuestionó cuando envió la última misión a Buenos Aires.
Entre ellos está la circulación de varios tipos de bonos en las provincias que se emplean para pagar salarios o cubrir gastos, y que según informes de prensa suponen unos 5.000 millones de pesos (alrededor de 1.666 millones de dólares), cuando se calcula que en la economía circulan unos 13.000 millones de pesos (4.300 millones de dólares).
Asimismo, el organismo desaprueba la Ley de Quiebras aprobada por el Parlamento para paliar los efectos de la crisis, y la Ley de Subversión Económica que data de los años setenta y considera perjudicial para los bancos.
El diputado del oficialista Partido Justicialista Humberto Roggero, afirmó en declaraciones que publicó hoy el diario "La Capital", de la ciudad de Rosario, que el Parlamento le ha puesto "límites a las presiones" del FMI, aunque consideró posible que se modifiquen las leyes que el organismo desaprueba.
"Pedían miles de empleados públicos en la calle, desfinanciar las provincias, fijar aranceles a las universidades y una serie de cosas a las que dijimos que no", destacó el legislador, aunque opinó que las leyes cuestionadas "son temas a conversar".
La Ley de Subversión Económica fue dictada con el fin de combatir las estructuras financieras de grupos guerrilleros que operaban en el país y castiga las transacciones que se consideren un riesgo para la economía. Ha sido aplicada últimamente por jueces que investigan casos de presunto "lavado" de dinero y fuga ilegal de capitales.
En tanto, la Ley de Quiebras contiene artículos que vetó Duhalde, como el que suspende por 180 días las ejecuciones judiciales por deudas, o el que obligaba a los bancos a establecer provisiones financieras para cubrir el 100 por ciento de las deudas que no pudieran ser reprogramadas con los deudores en un plazo de 90 días.
La prensa señala que en esta nueva visita a Buenos Aires, los técnicos del FMI insistirán en la necesidad de que los gobiernos provinciales realicen un ajuste, antes de reanudar la ayuda financiera al país.
Pero las autoridades consideran que ese recorte de los gastos, al que las provincias se comprometieron en un pacto fiscal firmado en febrero con el Gobierno nacional, no es posible si antes no llega la asistencia.
En tanto, los sindicatos han pedido al Gobierno que se aparte de la política de ajuste que exige el FMI para reanudar la ayuda financiera y la Iglesia también se ha sumado a las críticas.
El cardenal Raúl Primatesta aconsejó al Presidente Duhalde que no siga las recomendaciones del FMI porque en su opinión generarán "más desempleo, pobreza y hambre".
Unos 15 millones de argentinos viven en la pobreza mientras el 18,3 por ciento de la población activa está sin empleo, según las últimas cifras oficiales de octubre pasado.
La misión del FMI llegará además en momentos en que entre las máximas preocupaciones de las autoridades está evitar un proceso inflacionario en los productos básicos y contener eventuales subidas del dólar como la que se produjo el lunes pasado, cuando se vendió a cuatro pesos.
