BUENOS AIRES.- Con el arribo de una nueva delegación del FMI, el gobierno argentino se someterá a partir de hoy y hasta el 17 de abril a un minucioso examen del organismo internacional que esta vez pediría el despido de 400 mil empleados públicos y la reducción de 23 provincias a solo cuatro regiones políticas-administrativas.
La delegación del FMI comenzó a llegar hoy en etapas y en el mayor sigilo por razones de seguridad, y recién el lunes venidero desembarcaría el indio Anoop Singh, director del Departamento de Asuntos Especiales del organismo financiero.
Singh ya fue el jefe de la misión del FMI que el mes pasado escrutó las cuentas fiscales del país, elevando a su regreso a Washington un dictamen desfavorable sobre el nuevo escenario político y económico de la Argentina, que ha postergado la ansiada ayuda financiera internacional.
En esta oportunidad, Singh y la misión del FMI vuelven con un menú de "recomendaciones" que en la práctica suenan como impracticables imposiciones, como son el despido de 400 mil empleados públicos, el retiro del mercado de los bonos provinciales que funcionan como cuasi monedas, el arancelamiento de las universidades y la derogación de las leyes de Quiebra y Subversión Económica.
Como si fuese poco, el proyecto del FMI contempla la eliminación de la actual división política del país en 23 provincias, que debería transformarse en cuatro regiones para ahorrar gastos en estructuras de gobierno.
Curiosamente, un proyecto similar fue solícitamente propuesto por el ex presidente Carlos Menem en un reportaje a la revista "Newsweek" en febrero pasado, oportunidad en que volvió a insistir sobre las supuestas ventajas de la dolarización.
El problema para el gobierno argentino es que el FMI ha ido corriendo las metas: primero se trataba de aprobar el presupuesto nacional, después dejar flotar el dólar, luego forzar la firma de un pacto fiscal con las provinciales, y ahora un nuevo trago de una amarga medicina para la administración de Eduardo Duhalde, que al cumplir hoy tres meses de gobierno no ha logrado consolidar su consenso político, ni modificar el mal humor social, aun cuando las protestas callejeras de los cacerolazos hayan menguando.
Hace una semana el aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue el catalizador para que miles de argentinos, desocupados, empleados públicos, docentes, asambleas barriales, clase media e intelectuales marcharan hacia la Plaza de Mayo, para repudiar no solo aquella dictadura sino el actual modelo económico.
Durante la semana, el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov y el Presidente Eduardo Duhalde cenaron a solas en la residencia de Olivos. En la oportunidad, el Mandatario propuso una serie de medidas que se apartan de la ortodoxia del FMI pero que son alentadas desde el Ministerio de la Producción y desde el ala política del oficialismo, que buscan construir algún modelo alternativo, porque sospechan que esa ayuda financiera nunca llegará o llegará muy tarde y que se parece a la obra de teatro "Esperando a Godot". Remes Lenicov demoró por un momento el bocado que se llevaba a la boca y con su estilo reposado de siempre contestó: "si quieres doy un paso al costado y seguimos amigos. Pero si me quedo yo no me aparto de la ortodoxia que pide el FMI".
En consecuencia, no habrá un anclaje para el dólar aunque ascienda a cuatro o cinco pesos, se aplicará un impuesto a las empresas beneficiadas con la pesificación de sus deudas bancarias en dólares y se incrementarán las retenciones a las exportaciones (si el gobierno puede doblegar a los lobbies) hasta el 20 por ciento, para engordar el Tesoro Nacional y los recursos destinados a pagar la deuda externa, en vez de financiar planes sociales.
"El ministro Remes Lenicov primero dijo que no habría retenciones a las exportaciones, después las fijó en el cinco por ciento, ahora las sube a veinte. Esto es un ejemplo de la incoherencia y de la inoperancia del equipo económico que ha apostado todas sus fichas a la ayuda del FMI y mientras no llega le sirve de excusa para disimular sus errores", fustigó el economista Eduardo Curia, del Encuentro Argentino de Economistas, en declaraciones a la agencia ANSA.
Si el FMI no aprueba esta vez la ayuda financiera, Argentina podría volver a declarar el default en mayo próximo cuando afronte el pago de alrededor de mil millones de dólares de una cuota de los créditos otorgados por los organismos financieros internacionales.
El primer default fue declarado el 23 de diciembre pasado por el fugaz ex presidente Adolfo Rodríguez Saa cuando entre los aplausos y el júbilo del Congreso Nacional anunció que suspendía el pago de la deuda externa.
Cada vez hay más argentinos convencidos que el FMI y Estados Unidos han decidido castigar a la Argentina por aquel gesto y demorarán la ayuda hasta colocar al país de rodillas, posición en la que ya se encontraría según los críticos del gobierno.
"Hay que negociar pero sin humillarse. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Me duele como argentino cuando veo la forma en que se imponen condiciones y se aceptan sin chistar", dijo el gobernador de Santa Cruz (2.500 kilómetros) Néstor Kirchner, exponente del ala progresista del peronismo.
"No es cierto que vayamos a aceptar cualquier imposición del FMI. No vamos a aceptar los 400 mil despidos y si vamos a cambiar la Ley de Subversión económica, pero no para proteger a los banqueros o a las especuladores. Los delincuentes no tendrán impunidad", anticipó Humberto Roggero, jefe de la bancada oficialista y que se ha convertido en un operador privilegiado del presidente Duhalde en el Congreso.