BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino accedería a modificar, en vez de derogar como exige el Fondo Monetario Internacional (FMI), una ley que castiga las acciones que perjudiquen la economía del país y que es utilizada por jueces locales para investigar a banqueros por la fuga de capitales, dijeron el jueves fuentes oficiales.
La derogación de esta norma, es una de las condiciones que impone el organismo internacional para desembolsar ayuda financiera al país, junto con la modificación de una ley de quiebras y la reducción del gasto público nacional y provincial.
Sin embargo, el Gobierno ahora accedería a modificar la ley debido al rechazo del Congreso, que considera que con su derogación se favorecería a los banqueros investigados que quedarían absueltos al desaparecer la norma.
"Habría un principio de acuerdo entre el Senado y el Gobierno para que (la ley de subversión económica) sea modificada y no derogada", dijo a periodistas un portavoz del Ministerio de Economía.
La fuente agregó que se trabajará con los legisladores para encontrar algún mecanismo que no perjudique la labor judicial.
La ley de subversión económica fue sancionada en 1974 y castiga aquellos delitos que atenten contra la economía nacional.
Rechazo legislativo
El Senado tenía previsto discutir el jueves el proyecto presentado por el poder ejecutivo para derogar la norma, pero las fuertes discrepancias en el seno del bloque oficialista peronista además del rechazo de los legisladores de la oposición, obligó a suspender la sesión para el miércoles próximo.
Según distintas fuentes legislativas consultadas, algunos senadores temen que al eliminar esta ley se genere un vacío legal. Otros, rechazan dar su voto por imposición del FMI.
"Una de las principales cuestiones que se plantean, antes de avanzar en la derogación de la ley (...) es considerar la posibilidad de que los jueces puedan recalificar cada una de las causas", dijo en un comunicado el bloque de senadores peronistas.
Desde la oposición también se levantaron voces de rechazo.
"Sentarnos y votar una ley para que después tengamos un lío mayúsculo, nos parece que no es precisamente el camino", dijo por su parte a una radio local el senador por la opositora Unión Cívica Radical (UCR), Carlos Maestro.
"Lo sorprendente es que el FMI pida la derogación de esta norma justo ahora, cuando esta ley aparece como una de las principales herramientas que tiene la justicia para juzgar a aquellos organismos y personas que están sospechados de haber causado altos perjuicios a nuestro país", señaló la senadora de un partido provincial, Luz Sapag.
"No podemos permitir que nos impongan la agenda legislativa", agregó.
De ser derogada o modificada por el Senado, la Cámara de Diputados debería refrendar la anulación de la ley de subversión económica para que tenga validez.
