BUENOS AIRES.- El secretario general de la presidencia de Argentina, Aníbal Fernández, negó hoy la existencia de un "planteo formal" del Gobierno al FMI para liberar parte de los depósitos bancarios atrapados en el impopular "corralito".
"No ha habido un planteo formal en esos términos", dijo a Radio América al salir al cruce de versiones de prensa de que el Gobierno presidido por Eduardo Duhalde proyectaba levantar las restricciones a las cajas de ahorro y cuentas corrientes.
Fernández sostuvo que en las complejas negociaciones con el FMI "hay distintos análisis" sobre cómo poner fin al denominado "corralito", una de las principales causa del descontento de los argentinos.
El diario "Clarín", de Buenos Aires, aseguró hoy que el Gobierno incluyó en el borrador de la carta de intenciones para el acuerdo con el FMI, que entregará en los próximos días, el compromiso de liberar parcialmente el "corralito".
El matutino dice que el plan del Gobierno es liberar, a partir del próximo 30 de septiembre, todos los depósitos de las cajas de ahorro y cuentas corrientes de personas físicas, mientras la liberación de las correspondientes a empresas se haría en forma "gradual y paulatina".
El presidente argentino, Eduardo Duhalde, dijo el sábado, en su espacio por Radio Nacional, que haría "anuncios muy importantes" sobre las restricciones al uso del dinero en los bancos vigentes desde diciembre pasado, una vez firmado un acuerdo con el FMI para la reprogramación de los próximos vencimientos de la deuda exterior.
"Clarín" agrega que en el borrador de la carta de intenciones se advertirá de que el compromiso de levantar las restricciones para el retiro de depósitos bancarios quedará supeditado a los recursos judiciales en contra del "corralito".
Muchos ahorradores lograron, mediante amparos, retirar sus depósitos atrapados en el "corralito", lo que llevó al Gobierno a tratar de suspender por decreto esas medidas judiciales y a pedir el aval de la Corte Suprema de Justicia para que frene el drenaje de fondos.
El ministerio de Economía justificó ese decreto, tachado de inconstitucional por muchos jueces, al argumentar que parte de los fondos liberados por amparos se volcaban al dólar, lo cual generaba inflación y obligaba al Banco Central a desprenderse de sus reservas.
El fin del "corralito" fue uno de los requisitos que impuso el FMI para auxiliar a Argentina, sumida en una crisis sin precedentes en su historia, y también generó enfrentamientos y discusiones públicas entre los responsables del ministerio de Economía y el Banco Central.
El Gobierno negoció con el FMI el desbloqueo de un desembolso de unos 9.000 millones de dólares comprometidos el año pasado, pero ahora aspira a que ese organismo multilateral le prorrogue, por lo menos, los vencimientos de pago de intereses que operarán hasta finales de año.
Argentina tiene que afrontar el pago de vencimientos de capital hasta diciembre próximo con el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 4.828 millones de dólares, más 730 millones de dólares de intereses.
