BUENOS AIRES.— El gobierno del Presidente Eduardo Duhalde reiteró el lunes que la salida del impopular "corralito" financiero, que desde diciembre traba la libre disposición de los depósitos bancarios, depende de un previo y demorado acuerdo con el FMI.
"Primero vamos por el acuerdo con el FMI. Luego tenemos que lograr que la economía crezca para dar una salida real al corralito, Lo demás sigue siendo un análisis de laboratorio", declaró a la prensa el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
Pero simultáneamente el propio gobierno admitió que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se negocian desde enero, también están supeditados a resolver la permanente fuga de depósitos bancarios que eluden el "corralito" a través de recursos de amparo de la justicia.
El ministro de economía, Roberto Lavagna, expresó en un comunicado en la noche del domingo que "en tanto no sea definitivamente resuelto el problema de los amparos planteados para liberar depósitos reprogramados, no será adoptada ninguna medida que requiera emisión monetaria, tales como liberación del corralito, habilitación de bonos para la compra de automóviles u otras".
Una versión del diario "Clarín" sostuvo que el FMI habría advertido al gobierno que la apertura, o la ’’flexibilización’’ del "corralito" debería operarse, a más tardar, el 30 de septiembre.
Lavagna había sostenido previamente que los bancos no están en condiciones de devolver los depósitos de sus deudores, y que de proseguir la salida de esos fondos, corre peligro el ya debilitado sistema financiero, que en caso de colapsar demoraría indefinidamente la posibilidad de iniciar una recuperación económica.
El freno de los amparos judiciales representa para el gobierno un serio problema político, ya que requeriría un fallo de la controversial Corte Suprema de Justicia, contra la que existen en el Congreso pedidos de juicio político por mal desempeño de sus nueve miembros.
Organizaciones de abogados, grupos cívicos y la mayor parte del espectro político respaldan ese enjuiciamiento, por considerar a Corte de símbolo del clima de corrupción e impunidad que debe erradicarse de la Argentina.
Pero la Corte, la mayoría de cuyos miembros fue designada por el ex Presidente Carlos Menem, ha hecho saber al gobierno de Duhalde que no adoptará ninguna resolución para frenar los recursos de amparo, si antes la Cámara de Diputados no archiva las acusaciones en su contra. De prosperar, esos cargos darían lugar al juicio político en el Senado.
El Gobierno comenzó a presionar a los legisladores peronistas para que desestimen los cargos contra la Corte Suprema, pero ello generó la reacción adversa de algunos de sus integrantes. Las restantes bancadas han dicho que no aceptarán ninguna negociación que involucre otorgar impunidad a la Corte Suprema.
