BUENOS AIRES- El Gobierno argentino espera que el FMI responda cuanto antes al borrador de carta de intención que le giró la semana pasada, pero discrepancias surgidas con bancos y empresas privatizadas pueden entorpecer el acuerdo que el país necesita para no incurrir en una moratoria total de la deuda.
"Esperamos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) devuelva el borrador con los comentarios que correspondan y seguir las conversaciones", reveló este martes a la AFP un funcionario del ministerio de Economía que pidió reserva de identidad.
El Gobierno en retirada del Presidente Eduardo Duhalde está procurando un certificado de buena conducta del FMI, sin esperanzas de obtener fondos frescos, sino evitar un cese de pagos de la deuda multilateral de casi 29.000 millones de dólares.
El grueso de la deuda consolidada en bonos, por unos 70.000 millones de dólares, está en cese de pagos desde diciembre pasado, pero el objetivo del ministro de Economía, Roberto Lavagna, es negociar una refinanciación inmediatamente después de firmar un acuerdo con la entidad financiera.
Sin embargo, una serie de iniciativas del Parlamento y de Eduardo Duhalde, entre ellas suspender las ejecuciones judiciales de bienes de los deudores incobrables por 90 días, cayeron como un balde de agua fría en sectores empresariales poderosos.
Lavagna había logrado hace dos semanas quebrar la inercia de siete meses de estancamiento en las tratativas con el FMI, pero ahora los progresos podrían peligrar a raíz del malestar en las filas del empresariado.
Con un enfoque optimista, Lavagna dijo a los diarios El País de España y Le Figaro de Francia que el país ha entrado en un camino de modesta recuperación, aunque entró en junio pasado en su quinto año de recesión.
Altos ejecutivos de las entidades financieras comentaron a la prensa local que la suspensión de los remates les perjudica la rentabilidad y desalienta las inversiones, de igual modo que causa perjuicios la postergación por ley del Congreso de las actualizaciones de los créditos por el impopular índice CER.
Una ley impulsada por el gubernamental Partido Justicialista (PJ, peronista), con apoyo de sus aliados legislativos, suspendió la semana pasada por 60 días la indexación de los créditos mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
En un país en bancarrota, sin crédito y su economía en retroceso sin pausa desde hace más de cuatro años, entidades de pequeños y medianos empresarios, sindicatos y entidades sociales vienen pidiendo la eliminación lisa y llana del CER.
El CER está integrado básicamente por el índice de inflación minorista, de 34,7% desde enero pasado, e implica un 30% de ajuste en las cuotas de los créditos de personas y empresas.
En ambos casos, los banqueros consideran dañada su rentabilidad, de la misma manera que las compañías extranjeras que controlan los servicios de energía, agua potable, gas y teléfonos lo experimentan al negarse el Gobierno a reajustar las tarifas.
Con una devaluación acumulada en el año de casi 70%, el Gobierno ha dado como argumento para rechazar una actualización de las tarifas la situación de padecimiento social, y una pobreza que aumentó en tal medida que castiga a 19 de los 36 millones de argentinos.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, resistió las presiones de las privatizadas este martes, al afirmar que un eventual incremento tarifario "deberá ser discutido en audiencia pública y aprobado posteriormente por el Congreso".
En rueda de prensa, Atanasof dijo que se aplicará una "tarifa social" que las empresas se rehúsan a considerar, mientras le reclaman al Gobierno ajustes entre 10 y 70%.
Un informe de la liberal Fundación Capital señaló el martes que en lo que va del año, son 28 las grandes empresas que entraron en cese de pagos por unos 988 millones de dólares.
El jefe de Gabinete advirtió este martes que el objetivo gubernamental consiste en que "no se resientan los servicios ni el nivel de empleo, no quiebren las empresas y que haya una tarifa socialmente aceptable".
Argentina necesita que el FMI respalde una reprogramación de los vencimientos de la deuda con los organismos multilaterales antes de terminar septiembre, cuando debe afrontar compromisos por unos 3.000 millones de dólares.
