CONCEPCION.- La Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bíobío (Asipes), sostuvo que la prórroga por sólo un año de la ley 19.713 "significa entregar a la inestabilidad y la falta de un marco regulatorio de mediano plazo a un sector de la actividad económico-nacional que por su naturaleza lo requiere, lo que sólo puede traer aparejada paralización de inversiones y de la creación de empleos".
Al referirse al planteamiento del Gobierno, en el sentido de que la salida a la paralización del proyecto de Ley de Pesca es prolongar por diez años la vigencia de la ley 19.713, la entidad gremial recordó que la razón de la denominada Ley Transitoria de Pesca fue poner en funcionamiento el sistema de límites máximos de captura, como un nuevo régimen de administración pesquera, lo que permitiría analizar en la práctica sus bondades.
En este sentido, Asipes resaltó que los diez años propuestos para la postergación de la normativa, "son una señal de que el Congreso debe andar en búsqueda de la seguridad que el país necesita". Al respecto, indicó que su aplicación "ha demostrado ser muy favorable, al descomprimir la presión industrial sobre los recursos, terminar con la carrera desenfrenada por pescar y la creciente temporalización de los empleos, permitir un mejor trato a las capturas, agregar mayor valor a éstas, invertir en plantas con esa finalidad y aumentar por tanto, el empleo".
Asipes destacó la propuesta del Ejecutivo de dar a los límites máximos de captura una duración de 15 años, renovable a fin de entregar estabilidad a la industria, permitiendo inversiones de largo plazo, multiplicando los beneficios del sistema.
La entidad gremial lamentó que "sectores interesados" presentaran una serie de indicaciones al proyecto, paralizándolo, por lo cual estimaron lógico prolongar la ley transitoria por al menos diez años, para dar seguridad a la actividad.
Por lo tanto, Asipes argumentó que "la aprobación de una norma de largo plazo en el mismo sentido que el Congreso lo hiciera en 2001, sólo significa la búsqueda de estabilidad que el Estado debe entregar a los actores económicos".
La entidad gremial indicó, por último, que el fraccionamiento de la pesca entre los sectores industrial y artesanal "que ha sido progresivamente favorable a los últimos en la década de vigencia de la actual Ley de Pesca, se mantiene en el mismo procedimiento hoy existente, al prolongarse la Ley Transitoria".
Opinión divergente
En Santiago, la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) cuestionó la prórroga de la Ley 19.713, por 10 años e indicó que sólo un año sería suficiente, a fin de permitir un debate democrático, dejando que las instituciones funcionen.
A juicio de la entidad que preside Rodrigo Vial Cox, extender la vigencia de la ley transitoria sobre límites máximos de captura pondrá en interdicción la capacidad del legislador para plantearse alternativas de distribución de los recursos durante el período de extensión de la ley que se ha propuesto, "dado que los beneficiarios de límites o cuotas individuales podrán alegar durante ese tiempo que ellos tienen un derecho adquirido durante ese período, el que sólo podría ser amagado por la vía de la expropiación de sus derechos".
En estos hechos, Anapesca sostuvo que "el artículo 14 de la Ley 19.713 podría ser interpretado en ese sentido, ya que al disponer que el establecimiento del límite máximo de captura por armador a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro. Al contrario, podría sostenerse que, durante el lapso de vigencia de la ley las asignaciones sí constituyen derechos".
La concepción original de esa ley, precisó Anapesca, fue la de permitir que durante el lapso de dos años se pudiera discutir un proyecto que abordara la integridad de las cuestiones que requerían reforma en la Ley General de Pesca y Acuicultura.
En los hechos, destacó la entidad, el Ejecutivo, representado en ese entonces por el Subsecretario Daniel Albarrán, se comprometió a presentar en el mes de marzo del año 2000 dicho proyecto. No obstante, agregó, el propio Ejecutivo "incumplió ese compromiso y sólo presentó el proyecto en junio del año 2002, pretendiendo aprobar su idea de legislar sin modificaciones a más tardar en diciembre de este año, reduciendo el lapso de debate parlamentario, en las dos cámaras, a 6 meses".
La entidad subrayó que "ante el fracaso de las aspiraciones del Ejecutivo, ahora se pretende prorrogar la vigencia de la ley transitoria a 10 años, lo cual provoca un conjunto de cuestiones que deben tenerse en cuenta. La extensión de esa ley implica, en los hechos la aprobación del núcleo central del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, al permitirse con él la repartición a largo plazo de cuotas individuales de captura de las principales pesquerías industriales".
