LIMA.- El Presidente peruano Alejandro Toledo dijo este jueves que la empresa chilena de alimentos Lucchetti tiene derecho a apelar la decisión del Municipio de Lima de clausurar su planta de pastas y fideos, que funciona en una zona adyacente a la principal reserva ecológica de Lima.
"(La empresa) Lucchetti tiene derecho a apelar la decisión, pero es un caso que está en manos del poder judicial y bajo jurisdicción municipal", declaró Toledo a la prensa al final de una ceremonia pública.
"Yo no intervengo ante los poderes del Estado, yo respeto las reglas de juego", agregó el Mandatario.
Resaltó que la decisión final que puede revocar o ratificar la clausura decretada el lunes por la alcaldía de Lima recae en la justicia peruana y en el municipio.
El presidente Toledo descartó cualquier animadversión de su gobierno ante capitales extranjeros e indicó ser "respetuoso de la propiedad privada y la inversión: haré todo lo posible por estimularla".
El cierre de la planta se concretaría antes de fin de año según el alcalde de Lima, Alberto Andrade, quien finaliza en enero su gestión tras ser derrotado en los comicios de octubre pasado por Luis Castañeda de la alianza conservadora Unidad Nacional.
Andrade reiteró este jueves que su partida de la alcaldía será de la mano de Lucchetti: "nos iremos juntos", dijo.
La planta de la empresa chilena fue clausurada por el municipio aduciendo que afectaba una reserva ecológica de Lima (Pantanos de Villa) y que obtuvo su licencia de funcionamiento de manera ilegal.
La empresa Lucchetti anunció el martes que demandará a Perú por 60 millones de dólares ante los tribunales internacionales y que apelará a un convenio bilateral de protección de inversiones suscrito por los gobiernos de Lima y Santiago el 2000.
El canciller peruano Allan Wagner aseguró el miércoles que Perú se defenderá, pero puso en duda la validez de los argumentos de Lucchetti para invocar el acuerdo señalando que el litigio se remonta a 1997 y que no se podría aplicar por no ser retroactivo.
En Chile, la cancillería deploró el inminente cierre y advirtió que la decisión "arbitraria" deberá resolverse en el marco del convenio sobre protección de inversiones que mantienen ambos países.
