SANTIAGO.- La empresa chilena de pastas Lucchetti pedirá una indemnización de al menos 150 millones de dólares al Estado peruano si finalmente se concreta el cierre de su planta de Lima, anunció hoy el abogado de la firma, Edmundo Eluchans.
La cifra equivale a la inversión que hizo Lucchetti para construir la planta en el sector de "Pantanos de Villa", del distrito limeño de Chorrillos, dijo Eluchans.
"La verdad es que hay que evaluar los perjuicios, pero el monto de la inversión es una cifra de referencia para pedir una indemnización por daños y perjuicios", precisó el letrado.
La Municipalidad de Lima ordenó el cierre de la planta de Lucchetti sobre la base de que se levantó en una reserva ecológica, en un plazo que vence a fin de año, fecha en que también debe dejar el cargo el alcalde limeño Alberto Andrade, motor de la ofensiva contra la empresa chilena.
El municipio limeño rechazó el jueves reconsiderar el dictamen y el sucesor de Andrade en la alcaldía, Luis Castañeda, descartó la posibilidad de revisar la situación.
La empresa chilena recurrió el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones que Chile y Perú suscribieron hace tres años y en ese marco solicitó un arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con el respaldo del Gobierno chileno.
La empresa, controlada por el grupo Luksic, se considera víctima de una persecución discriminatoria, pues señala que otras empresas instaladas en el mismo sector no han sido objeto de ninguna medida por parte de la Municipalidad limeña.
Según el alcalde Andrade, Lucchetti obtuvo los permisos para levantar la planta pagando sobornos a Vladimiro Montesinos, el ex hombre fuerte del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), pero los últimos fallos del respectivo juicio han favorecido a los ejecutivos de la firma.
Asimismo, un informe del organismo oficial peruano sobre medio ambiente determinó que la planta, que tiene una dotación de 400 trabajadores, no contamina.
El abogado Eluchans admitió que el momento que afronta Lucchetti en Perú es "muy crítico", aunque insistió en que los argumentos en que se basó el Municipio para decretar el cierre de la planta "no son viables jurídica ni técnicamente".
Reiteró, al mismo tiempo, que las intenciones de la empresa siempre han sido buscar una solución a través del diálogo con las autoridades limeñas y adelantó que el arbitraje del CIADI será un proceso largo, "de dos o tres años".
"En ese lapso la planta podría estar cerrada. Se podría pedir una perentoria que evite el cierre, pero los tiempos no se han dado porque el tribunal competente no se ha constituido", concluyó.
