LIMA.- El embajador de Perú en Estados Unidos, Roberto Dañino, aclaró este martes que el Estado peruano impugnó la demanda de la empresa chilena Lucchetti ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por considerar que el organismo no tiene jurisdicción en el caso.
Dañino declaró a una emisora local que la controversia entre Lucchetti y la alcaldía de Lima, por la construcción de una fábrica de fideos en una zona natural protegida, surgió antes de la vigencia del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito con Chile en agosto de 2001.
La Municipalidad de Lima confirmó recientemente la salida de la fábrica de Lucchetti de los Pantanos de Villa, un conjunto de humedales ubicados en el distrito capitalino de Chorrillos, por perjuicio al ambiente.
Sin embargo, la disputa entre la firma y el concejo municipal empezó en 1998 en un proceso que llegó a los tribunales y contó con la intervención de Andrónico Luksic y del ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, de quien se sospecha cobró un millonario soborno para conseguir una autorización para la fábrica.
Dañino impugnó ayer oficialmente la jurisdicción del Ciadi en la demanda de la empresa chilena, planteada hace unos días.
Según la postura peruana, tampoco se agotaron las vías previas que incluirían consultas entre los inversionistas y el Estado peruano por un período de seis meses para llegar a una solución negociada.
La intervención gubernamental peruana podría haberse iniciado la semana pasada, cuando la alcaldía de Lima ratificó el cierre de la fábrica, pero la demanda chilena fue planteada inmediatamente.
El gobierno peruano criticó que el Estado chileno intervenga en el caso directamente porque se trataba de un asunto entre una empresa privada y el concejo municipal.
A las advertencias de representantes de Lucchetti de que pedirían una millonaria indemnización a la municipalidad de Lima, se ha sumado el movimiento ecologista Alternativa Verde, que ha anunciado una demanda por 300 millones de dólares contra la fábrica chilena