LIMA.- La posibilidad de un acuerdo diplomático entre los gobiernos de Perú y Chile para resolver la controversia sobre la continuidad o no de la fábrica de pastas chilena Lucchetti frente a una reserva natural en Lima, abrió este lunes una nueva puerta en torno al problema que tensiona las relaciones entre los dos países.
El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Luis Solari, informó que el Ejecutivo está "muy interesado" en solucionar el tema con esa empresa, que se benefició con la ayuda judicial que le proporcionó el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en un litigio que mantuvo con la Municipalidad de Lima.
"Nos hemos reunido con el Presidente (Alejandro) Toledo, el canciller (Alan) Wagner, nuestros embajadores en Chile y Estados Unidos y el ministro de Justicia (Fausto Alvarado). Es una situación que está en examen y cuando esté tomada la decisión, la Cancillería se pronunciará", señaló Solari.
Sin embargo, el ex asesor legal de la Municipalidad de Lima Ernesto Blume, desestimó hoy esa posibilidad, pues recordó que se trata de un problema entre una empresa privada y un municipio en el que no tiene alcance el gobierno central.
Las afirmaciones de Solari dieron un nuevo perfil al problema que ha amenazado con tensionar las relaciones entre Chile y el Perú, las que han mejorado en los últimos lustros a pesar de las discrepancias históricas entre los dos países.
Lucchetti fue contruida contra la voluntad de la alcaldía de Lima en la zona ecológica Pantanos de Villa, en el distrito de Chorrillos. En diciembre pasado, tras un litigio de cinco años, el Concejo de Lima dispuso el cierre de la fábrica, lo que actualmente está en proceso.
La fábrica de fideos, propiedad del conglomerado chileno Grupo Luksic, ha recurrido al Centro Internacional de Arreglo y Disputa de Inversiones (Ciadi) para demandar al Estado peruano, pero éste, a través de la Cancillería, ha rechazado que esa entidad, dependiente del Banco Mundial, tenga potestad para pronunciarse sobre el asunto.
Los chilenos afirman que está vigente un convenio bilateral de promoción y protección recíproco de inversiones, que establece que, en caso de que los Estados tengan diferencias sobre su aplicabilidad, serán las cancillerías las que resuelvan el conflicto.
Sin embargo, la Municipalidad niega que se trate de una disputa entre Estados.
La Municipalidad de Chorrillos tiene actualmente la orden de proceder al cierre de la planta, pero el alcalde de esa localidad, Augusto Miyashiro, ha dicho que sus funcionarios apenas están estudiando el tema.
